Con insomnio, terrores nocturnos, dolores de cabeza constantes, así como con una audición de un 20 por ciento en uno de sus oídos, con una columna desviada y con un par de costillas rotas, es como vive Fidencio Sillas, luego de sobrevivir una de las tragedias más grandes de Coahuila, la inundación de la mina El Pinabete en el municipio de Sabinas, el 3 de agosto del 2022, que cobró la vida de 10 de sus compañeros de trabajo.
Fidencio Sillas Álvarez, con más de 35 años de experiencia como 'carbonero', tenía apenas laborando en El Pinabete un año cuando sobrevino la tragedia.
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“Yo estaba en lo que se nombra la plancha, en la entrada del vertical, en el fondo. El pozo carbonero llega hasta donde está el carbón y se empiezan a hacer las galerías a los lados, yo estaba en la mera salida del pozo vertical donde entramos y salimos. Nosotros el personal y por donde sale la carga, ahí estaba cuando se dio la avenida del agua”, compartió en entrevista.
El hecho de que estuviera prácticamente en ese punto, le ayudó a no perder la vida, no así la de sus compañeros que se encontraban a unos 65 a 100 metros de profundidad.
“Con todo mi experiencia que tengo, tenía 35 años trabajando de carbonero o de minero, con toda mi experiencia me confíe que traíamos dos ingenieros al servicio del patrón quienes supuestamente llevaban el mando y llevaban los croquis de los mineros antiguos, entonces no había riesgo inminente pues yo me confíe porque estaban los ingenieros que tenían todo ubicado, que tenían todo planeado hasta dónde iban a hacer la minación por eso me confié y pasó lo que pasó”, comentó aún consternado por lo sucedido.
Reclamos
Aunado a todo el daño que dejó el accidente en su cuerpo y en su mente, Fidencio vive con estrés postraumático diagnosticado por su psicólogo, quien lo verá por los próximos cinco años para supervisar su evolución.
Por todo ese daño que quedó en él, ahora lucha por la reparación del daño, junto con sus compañeros que vivieron para contarlo.
Los sobrevivientes piden un pago como el que recibieron las viudas de sus compañeros. Aunque autoridades y organismos como la Comisión de los Derechos Humanos, les prometieron ayuda, solo con en eso: promesas.
“A nosotros nos prometieron en su momento, se nos arrimó el licenciado de Derechos Humanos, nos hicieron una serie de preguntas, nos anotaron y pues nos dieron un buen aliento en ese instante, estaba reciente el accidente, una o dos semanas después, y nos prometieron que nos iban a indemnizar que sí alcanzábamos, que íbamos a tener los mismos beneficio que tuvieron las viudas, nos prometieron incluso becas para quienes tuviéramos hijos en edad escolar, hasta nos ofrecieron una vivienda del gobierno tuviéramos o no vivienda propia”.
Y comenta con decepción: “Hasta ahorita no nos han cumplido nada, perdimos comunicación con derechos humanos, después de que fuimos a poner la demanda a la Ciudad de México…”, dijo Fidencio quien espera un buen resultado para él y el resto de sus compañeros sobrevivientes.
De lo legal
Gerardo Antonio Pérez Pérez, abogado patrono de los cinco mineros sobrevivientes, dio a conocer que la demanda que se presentó en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es por 50 millones de pesos por una serie de omisiones que aseguró, provocaron la tragedia.
Explicó que dentro de las Normas Oficiales Mexicanas que se debieron cumplir está la 29 y la número 32, que regulan la explotación de minas a cielo abierto y minas subterráneas. “Son reglas que se deben de observar de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Metrología y Normalización, es decir, son reglas que debe de cumplir un patrón”.
Y también explicó que en la operación de una mina también se dan reglas, directrices que tienen que ver con el uso e instalación de sistemas de emergencia como: tener un tiro paralelo, una entrada y salida de emergencia paralela a la que se utiliza ordinariamente para entrar a la mina.
Además, está el uso por ejemplo de ropa de seguridad, de mecanismos de control de gases para evitar que el carbono aumente a ciertas cantidades que intoxican el medioambiente o que puede ser explosivo y el l suelo o el piso de las minas se tiene que revestir con un tapete que tiene que ser dieléctrico para evitar que acumule electricidad estática y pueda generar una explosión.
“Aquí el tema es que la autoridad administrativa, la Secretaría del Trabajo tiene ciertas obligaciones para vigilar que esa fuente de trabajo opere de acuerdo a las previsiones que las Normas Oficiales le ordenen, sin embargo la STyPS, no hizo ni una sola inspección”, recalcó el abogado.
Es por ésta y otras omisiones en el funcionamiento de la mina que de acuerdo a la ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, instancia de reclamación contra la autoridad que se condujo de manera irregular en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se presentó un recurso por el accidente que se ocasionó. “Es decir, nosotros estamos reclamando que este accidente se ocasionó por la negligencia, abulia, descuido, la fala de inspección, supervisión control y vigilancia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”, explicó el representante legal de los sobrevivientes.
Explicó que con base a la citada ley, se exige una indemnización por 10 millones de pesos por cada trabajador que logró salir con vida de aquel accidente.
“Los señores tienen una afectación gravísima a nivel psicológico, neurosis, alucinaciones, problemas de hipoacusia, una serie de consecuencias que en su persona los ha afectado hasta que terminen su existencia. La ley preveniente, una reclamación integral del daño. Por ley les da, 10 millones de pesos por cada trabajador, lo fija la ley federal, estamos ajustados… estamos pidiendo los 50 millones de pesos”, dijo el abogado.
DAED
