El reciente caso de la demolición de una casona de valor artístico en la zona del Obispado habla del “desdén” hacia el patrimonio cultural del estado, señaló Ricardo Marcos González, presidente del Conarte.
La demolición ocurrida el fin de semana, tras la puesta en venta de la casona construida por el ingeniero Armando Ravizé, y que perteneció a la familia Fernández Garza, reavivó el debate sobre la preservación de la arquitectura Siglo XX en Monterrey.
Al respecto, el presidente del organismo cultural del estado cuestionó que tanto la parte correspondiente al municipio de Monterrey, como de los propietarios de los inmuebles, tengan un interés por la preservación del patrimonio cultural.
“Hubo una omisión tremenda del municipio de Monterey, del área específica que da permisos sin dar siquiera una revisión a profundidad (…) y también una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, hay esta visión de ‘esta es mi casa y hago con ella lo que quiera’ al estar amparados por la misma ley”, apuntó Ricardo Marcos González.
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El tema de otorgar incentivos sobre la recaudación de impuestos a quienes posean una construcción patrimonial, ya sea histórica o artística, es un pendiente que tiene el Estado como sí sucede en otras ciudades del mundo, agregó.
Se mencionó que el reciente fideicomiso para la atención al patrimonio mueble e inmueble Fidecultural, por el cual se atenderán 19 proyectos de restauración, sólo aplica a casos de interés público y no a privados.
El debate, indicó Marcos González, es cómo lograr el balance entre una ciudad con un alto desarrollo inmobiliario y la necesidad de conservar una imagen patrimonial que le otorgue identidad.
“La ciudad requiere seguir modernizándose, sobre todo hacia arriba, pero también la necesidad de conservar una imagen importante, histórica y patrimonial, que le da identidad a una ciudad”, comentó.
