En Guanajuato, la Fiscalía General del Estado reporta que, del 1 de enero de 2019 a agosto de 2025, 179 personas han sido sentenciadas por el delito de abuso sexual en perjuicio de menores de edad.
Esta cifra refleja la magnitud de un problema que, aunque muchas veces invisibilizado, golpea con fuerza a la niñez y adolescencia de la entidad.
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Los datos oficiales muestran que en este mismo periodo se dictaron también 423 condenas por violación de menores, 172 por corrupción de menores, tres por estupro y dos por hostigamiento sexual.
En conjunto, se trata de centenares de sentencias que han derivado en penas privativas de la libertad que van desde cuatro meses hasta 60 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito.
En este contexto, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear un registro público de agresores sexuales de menores, con el propósito de transparentar la información y prevenir la reincidencia de quienes ya han sido condenados.
La propuesta incluye reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y al Código Penal Local, y contempla que el sistema sea de acceso público.
La mandataria expuso que este registro contendrá los nombres de todas las personas que reciban sentencia por delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, y formará parte de un sistema de información con bases jurídicas claras para garantizar su funcionamiento.
El problema continúa en aumento. Solo de enero a agosto de 2025 se han abierto en Guanajuato 714 carpetas de investigación por violación de menores, y en la mitad de los casos las víctimas eran menores de edad al momento de la agresión.
En el mismo lapso, se iniciaron además mil 459 investigaciones por otros delitos sexuales, donde nuevamente la mayoría de las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes.
