El juez Primero de Distrito en Materia Penal dio un revés al ex director jurídico de San Pedro Garza García al negarle una suspensión de amparo, con lo que se confirma la vinculación a proceso penal.
Benito “N”, ex titular del equipo municipal de abogados en la gestión del ex alcalde Miguel Treviño, fue acusado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena por más de 15 millones de pesos, al ordenar la destrucción de un puente que conectaba las Torres Ysabella con la vialidad, pese a que existía un amparo de por medio.
Durante la audiencia constitucional del juicio de amparo 184/2025, celebrada ayer, el juzgado dictó una sentencia donde sobreseen y niegan la protección de la justicia federal a Benito “N”, al considerar infundados e inoperantes los argumentos presentados por el ex funcionario sampetrino.
La resolución anterior confirma que el auto de vinculación a proceso por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y daño en propiedad ajena dictado por el juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado fue dictado conforme a derecho, al existir elementos suficientes para juzgar al ex burócrata municipal.
La resolución para negar el recurso legal fue emitida en virtud de la existencia de una suspensión que impedía la demolición del acceso vehicular del desarrollo Ysabella y del cual el ex servidor público tenía conocimiento.
El 2 de febrero de 2024, Benito “N” fungía como director jurídico del municipio sampetrino cuando se realizó la sesión de Cabildo donde se pidió su intervención para que expusiera a los integrantes los riesgos que podía llevar la demolición del proyecto inmobiliario.
En esa ocasión, el entonces funcionario señaló que el riesgo era “prácticamente nulo o mínimo”, siendo omiso en informar la existencia de una suspensión de amparo que impedía la demolición del acceso a las torres.
Asimismo, el juzgador analiza que dentro de la audiencia de imputación donde se vinculó a proceso al ex director jurídico no se violentaron derechos constitucionales y por consecuencia fue correcta la determinación tomada por el juez de Control, donde se justificó la probabilidad de que éste cometió y participó en la comisión de los delitos.
El pasado 21 de enero fue vinculado a proceso y un juez de Control del Estado le imputó la medida cautelar de resguardo domiciliario para evitar su posible sustracción de la acción de la justicia, lograr su debida conducción y asistencia al proceso.
Aunque el 26 de febrero dejó el arraigo de su casa de la colonia Mitras Centro, sin embargo, no podrá salir del estado ni del país, ya que le quitaron su pasaporte y le aplicaron una multa.
