El ex gobernador del Estado, Rodrigo Medina de la Cruz, quedó vinculado a procedimiento judicial por tercera ocasión.
Al ex mandatario lo volvieron a declarar presunto responsable de peculado, pero ahora por haber utilizado un helicóptero de Gobierno del Estado para su uso personal en 18 viajes que hizo a su rancho Los Ébanos, en General Terán, a finales de 2013 y en el transcurso de 2014.
Medina de la Cruz, quien se negó a declarar y se apegó a los beneficios del artículo 20, fue notificado este viernes a las 21:30 de esa resolución por el juez Jaime Garza Castañeda.
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El juzgador advirtió que, según lo narrado por la fiscal Ericka Irigoyen Arroyo, de la Subprocuraduría Anticorrupción, existen suficientes pruebas para judicializarlo por ese delito, por el cual podría alcanzar de tres meses a tres años de prisión.
Entre esas pruebas están las declaraciones de tres pilotos, quienes coinciden en que el helicóptero Eurocop se utilizó en el 90 por ciento en viajes personales, y no oficiales, que el ex mandatario realizaba a su rancho con su familia y amigos, entre ellos, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Dichos testigos aseguraron que en algunas ocasiones también transportaban a la esposa e hijos del ex gobernador de Tamaulipas, en ese tiempo Egidio Torre, cuando venían a Nuevo León.
Agregaron que los obligaban a no registrar a las personas que trasladaban en esos vuelos.
Además, la fiscal acreditó con documentos que esa nave la adquirió el Gobierno en octubre de 2000 en dos millones 108 mil 700 dólares y era para rescate, búsqueda de personas y seguridad pública.
La defensa del ex mandatario argumentó que el helicóptero se lo habían asignado para su seguridad, como lo establece la ley, y que no se quedó con él, por lo que no se daba el delito.
El juez resolvió que no acreditaron el uso del helicóptero y que no se reclamaba su posesión, sino el desvío de su uso que era exclusivo para prevención de desastres y seguridad, por lo que desestimó los alegatos.
Antes de finalizar la audiencia, la fiscalía trato de solicitar medidas cautelares, pero el abogado del ex mandatario, Alfonso Aguilar Zínser, se adelantó planteando la existencia de un amparo.
Fue la juez quinto de distrito en materia penal, quien volvió a brindarle la protección a Medina de la Cruz, a quien solo condicionó a presentarse a comparecer.
Pero no puede ser sujeto a ninguna medida cautelar, ante esa situación, la fiscalía se abstuvo de solicitar alguna.
Finalmente pidió tres meses de plazo para cierre de investigación, pero solo le dieron dos a petición de la defensa.
