El Tribunal Electoral reconoció errores en las tómbolas de la elección judicial, principalmente en la realizada por el Senado en sustitución del Poder Judicial, pero el bloque mayoritario se negó a ordenarles repetir el proceso y se limitaron a pedirles que consideren a las personas en las que se acreditó una irregularidad, pero “en uso de sus facultades” y sin una instrucción precisa para revertirles el daño.
La mayoría determinó no revocar el proceso, a pesar de que decenas de personas pudieron demostrar que hubo modificaciones de última hora en las tómbolas, que las cambiaron de las listas en las que estaban inscritas; que las sortearon y hasta fueron seleccionadas por cargos que no buscaban y por lo tanto, excluidas de aquellos en los que se registraron y para los que fueron consideradas elegibles e idóneas.
Otros casos en los que probaron que eran perfiles únicos y no les dieron el pase automático a la candidatura como indica el proceso, y otro paquete de personas que exhibieron que incluso al final del proceso, a pesar de que resultaron ganadoras en la tómbola y sus nombres se leyeron en el sorteo, las excluyeron de la lista que remitieron particularmente al Poder Legislativo para su aprobación, por lo que simplemente, desaparecieron de la lista de candidaturas definitivas.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió más de 400 juicios contra las listas de idoneidad y las tómbolas de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo, y del Senado en sustitución del Poder Judicial.
De éstas, más de 300 fueron directamente desechadas con los votos de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, al considerar que lo que pedían, es decir, que fueran consideradas en el proceso por exclusiones injustificadas, era “inviable” y considerado un “daño irreparable” porque los sorteos ya habían terminado y por lo tanto, el estatus jurídico del proceso había cambiado.
Entre estas decenas de personas bateadas, está el exsenador panista Roberto Gil Zuarth que fue el último caso en votarse, con la recusación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que por ser su amigo, tuvo que abstenerse de participar en este caso.
Sin embargo, destaca que las impugnaciones de personas que alegaron irregularidades antes de la tómbola, fueron desechadas con el argumento de que no se podían atender sus quejas si la tómbola todavía no se realizaba y por lo tanto, no estaba plenamente acreditada su exclusión. Y en contraste, al impugnar luego de la tómbola, también se les desechó ahora, con el argumento de que si el sorteo concluyó, nada se puede hacer.
En tres horas de sesión, el bloque mayoritario de Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes en ningún momento expusieron sus argumentos para no haber atendido las quejas en ninguna de las dos etapas y únicamente aceptar las de aquellas que acreditaron que se les cambiaron de listas o se las sortearon para cargos que no buscaban.
Mientras que la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expusieron sus votos en contra y detallaron sus propuestas contrarias, que buscaban que para garantizar la plena reparación del daño por estas exclusiones injustificadas de los tres poderes, las insaculaciones se repitieran.
“Si bien por mayoría se ha decidido que los Comités cuentan con facultades discrecionales, esto no implica que algún acto no pueda ser analizado. En mi concepto, no opera la inviabilidad. No podemos hacer nulo un derecho.
“No puede argumentarse como hecho irreparable sólo porque ya se llevó a cabo la insaculación, máxime si el INE todavía no recibe las listas de candidaturas”, expuso Otálora.
Mientras que Rodríguez Mondragón agregó que si los Comités todavía no se disuelven, por lo tanto siguen operando y siguen teniendo obligaciones constitucionales, que incluye el resolver sus propios errores e incluso, alertó que se podría interponer hasta una queja internacional por incumplimiento para garantizar justicia.
“Ni siquiera ha pasado el plazo de cuatro días para impugnar y ya se está haciendo nugatorio el acceso a la justicia. No se puede considerar que es cambio de etapa porque el 4 de febrero debía remitirse la lista. Faltan casi dos meses para las campañas, no encuentro un argumento jurídico para impedir que se cambien las listas.
“Esto genera condiciones para que el Estado no esté cumpliendo con acuerdos internacionales y podría llegarse ante instancias internacionales por incumplir los deberes de brindarles lo que la Corte Interamericana ha denominado un recurso efectivo”.
Sin embargo, nuevamente con el voto de tres magistraturas, se impuso que únicamente los errores directos de las listas, deberán ser considerados por el Senado, sin que tengan la obligación directa de incluir a todas las personas afectadas como candidatas.
Entre los proyectos de la minoría rechazados y los de Felipe Fuentes y Mónica Soto que no se hicieron públicos, el Tribunal Electoral no pudo informar cuántas personas enviará al Senado en este supuesto de ser “consideradas”.
Te recomendamos
EHR
