A poco más de dos años de haberse creado, la Subprocuraduría Anticorrupción que encabeza Ernesto Canales Santos, lleva apenas una vinculación a proceso concretada; el motivo, alegaron, es por la lluvia de amparos que han sido otorgados a los ex funcionarios de la administración de Rodrigo Medina.
En entrevista para Notivox Monterrey, María Fernanda González, coordinadora de Atención a Denuncias de la Subprocuraduría Anticorrupción, explicó que todas y cada una de las carpetas de investigación que han sido abiertas se han preparado de manera correcta, por lo cual descartó que éste sea el motivo por el que van lentos hasta la fecha.
En este sentido, alegó que, además de los amparos, quienes están vinculados se apegan al Artículo 69 del Código Fiscal, mismo que no ha sido reformado y el cual los protege de brindar cualquier tipo de información de sus cuentas bancarias.
“En la Subprocuraduría tenemos y seguimos teniendo un montón de retos que nos han puesto una barrera para avanzar, hemos avanzado, sí, lentamente por los siguientes retos: el juicio de amparo, ese es el más grande, todos los que están vinculados están amparados y esos procesos duran bastante, se acaba de confirmar la vinculación del ex gobernador (hace dos semanas) de una vinculación que se logró en agosto del 2016.
“Otra barrera que tenemos es el Artículo 69 del Código Fiscal, referente al acceso a datos de investigación, es el acceso a la información bancaria de las personas vinculadas, este artículo 69 protege el secreto bancario de esas personas y el SAT y la Comisión Nacional Bancaria se guían en ese Código Fiscal para proteger al particular”, dijo.
La funcionaria estatal sostuvo que, de 250 denuncias interpuestas, se han abierto 180 carpetas de investigación, de las cuales 38 han sido ya judicializadas y de estas, 25 ex funcionarios de la administración pasada han sido vinculados a proceso en primera instancia, porque 24 cuentan con órdenes de amparo, lo cual motiva a que dichas vinculaciones no sean concretadas como tal.
Por ello, precisó que solamente se ha logrado vincular al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz por el delito de Ejercicio Indebido de Funciones apenas hace unas semanas, por los incentivos otorgados de manera excesiva a la armadora Kia Motors.
“Hay 25 personas que están vinculadas a proceso, de esos ya se confirmó la vinculación de uno porque los 24 están amparados con la vinculación, desde la citación hasta la vinculación y con cualquier otra orden del juez se amparan, y esos amparos están otorgados y están en marcha.
“Excepto uno, el del ex gobernador Rodrigo Medina, que esa pertenece a la primera vinculación del mes de agosto del 2016 por los incentivos otorgados a Kia Motors”, refirió.
Otro de los puntos que puso como justificación es que las autoridades federales no han tenido la “voluntad” para apoyar con las investigaciones en contra de Rodrigo Medina y sus ex colaboradores.
“Otro reto que hemos tenido, incluso el juez de Control que le dictó la medida cautelar de prisión en el Topo Chico, la PGR ahorita lo está vinculando a él, pues eso también intimida de alguna forma a los jueces locales, entonces esa es otra barrera”, subrayó.
González concluyó que el presupuesto y personal que tienen en la Subprocuraduría está muy por debajo del trabajo y los casos que se están investigando.
“Deberíamos de ser cerca de 100 empleados y somos 50, entonces los fiscales ahorita tren unas siete u ocho carpetas cada uno, de investigación, son 16 fiscales que abarcan 180 investigaciones, entonces, el presupuesto de la Subprocuraduría y la falta de personal son otro reto que tenemos”, apuntó.
“Los resultados son muy pocos”: Vertebra
Vertebra criticó los resultados que hasta la fecha ha dado la Subprocuraduría Anticorrupción en contra de quienes presuntamente afectaron al erario en pasadas administraciones estatales.
Luis Gerardo Treviño, presidente de Vertebra, aseguró que con estos resultados, en la iniciativa privada, ya los hubieran corrido.
Además resaltó que con un buen litigio ya se hubiese podido asegurar, mínimo, algunos de los bienes que presuntamente fueron adquiridos por los ex funcionarios de manera anómala.
“Los resultados públicos no están como para presumirse, yo lo he dicho varias veces que si trabajaran para la industria privada ya los hubieran corrido porque los resultados son muy pocos.
“Cuando estamos hablando de desvío de recursos o malversación de recursos, es de esperarse que con un buen litigio se recupere algo y hasta ahorita el Estado no ha recuperado ni un solo peso, entonces creo que está costando mucho esa oficina para los pocos resultados”, dijo.
