En promedio, en una de cada tres denuncias electorales presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), hay elementos suficientes para considerar la probable comisión de algún delito en el Estado de México, indicó Álvaro Rodríguez de la Vega, director general de Averiguaciones Previas.
De los 278 expedientes iniciados por denuncias presentadas, entre septiembre pasado y el mes de mayo, sólo en 89 han encontrado datos de prueba que permiten configurar alguna falta penal de tipo electoral. Otro tanto ha sido turnado a otras instancias, desechadas por falta de elementos, están en reserva o incluso eran temas de carácter administrativo.
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De estas cifras se han derivado 29 consignaciones y 12 ya se judicializaron, es decir están en manos del Poder Judicial para determinar lo que corresponde. El resto sigue integrándose hasta tener todos los elementos que permitan sustentar la acusación ante un juez.
Además hay 192 órdenes de aprehensión vigentes de gente vinculada con varios de estos casos, han tomado declaración a cientos de personas, llevado a cabo varias diligencias, entre otras acciones que permitirán atender poco a poco cada caso. En promedio tardan en integrar una carpeta seis meses, pero hay casos donde esto puede ser más rápido o prolongarse por más tiempo.
Dijo que no todas las llamadas o contactos que logran a través de internet o el Fepadenet son por denuncias electorales, en algunos casos son dudas de cómo se configura un delito o incluso quieren saber la ubicación de su casilla.
En promedio dos de cada tres casos se refieren al Estado de México, donde la conducta más recurrente son las quejas por las llamadas telefónicas que reciben en la madrugada, lo cual sigue en investigación. En este caso solicitaron una orden de cateo para revisar los call centers de donde pudieron haber salido esas llamadas pero el juez se las negó y están apelando esa decisión para poder avanzar.
De las 275 denuncias recibidas al menos 160 corresponden a alteraciones al Registro Federal de Electores, además hay ocho casos por la retención de su credencial de elector, 13 por generar temor o intimidación, 35 por destinar bienes o servicios para apoyar a algún partido o candidato y 20 por la compra de votos o amenaza para suspender programas sociales.
Las conductas que se cometen en esta etapa del proceso, de reflexión y durante la jornada tiene que ver con acarreos, compra de votos, entre otras que no son tan fácil de comprobar a menos que cuenten con denuncias y señalamientos específicos o sea en flagrancia. La idea es inhibir estas prácticas a través de difusión de los delitos electorales, de acercar las instancias para denunciar y hacer presencia cerca de las casillas para evitar se cometan esas faltas.
MCLV
