La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 44 denuncias penales por convenios ilegales firmados entre instituciones del gobierno federal y universidades estatales y estimó que el daño causado a la Hacienda pública por este modus operando asciende a 4 mil 528 millones de pesos.
En el Segundo Informe de Labores de la dependencia, que difundió a la par del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia informó que ha revisado 62 convenios firmados por 27 entes de la Administración Pública Federal con instituciones de educación pública superior.
“De la revisión realizada a la fecha, resultó la presentación de 44 denuncias penales”, detalló.
Éstas corresponden a cinco relacionadas con Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, seis con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dos con la Comisión Federal de Electricidad, dos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocho con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 11 con la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) y dos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Además, una denuncia por cada una de las siguientes instituciones: secretarías de Economía y Relaciones Exteriores, Pronósticos, Seguridad Alimentaria Mexicana, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Instituto Mexicano de la Juventud, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional .
Las denuncias penales advierten que en estos convenios ilegales “posiblemente estuvieron involucrados servidores públicos en la forma de operar conocida como la estafa maestra”.
Este modus operandi, estimó, podría representar una afectación patrimonial al erario del orden de hasta cuatro mil 528 millones 870 mil 469.87 pesos, pero el monto total aún no está determinado.
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