Con varios meses de retraso, senadores y diputados instalaron la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada en tareas de Seguridad Pública, derivada de la reforma a la Constitución, que prolongó la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
En su intervención, el presidente de la Comisión, Ricardo Monreal, dijo que el objetivo principal es llevar a cabo el análisis y dictamen de los informes que remite el Ejecutivo respecto a las acciones de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.
“Por vez primera vez en la historia el país se ha integrado y ahora se instala esta comisión que sea para bien de todos los mexicanos y mexicanas”, expresó.
En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, exigió que esta instancia no sea una simulación y planteó 10 puntos a revisar, como el uso de tecnologías para espiar a la ciudadanía, la letalidad de las fuerzas armadas y la actual relación cívico-militar en el Estado mexicano.
Para Movimiento Ciudadano, dijo, el fin último y sustantivo de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública es la modificación real e integral de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que a todas luces ha fracasado.
“No habrá ruta posible para recuperar la paz si no cambiamos la estrategia y eso es algo que podemos y debemos hacer como legisladores federales más allá de esta Comisión”, señaló.
En la instalación de la Comisión Bicameral, Castañeda planteó 10 puntos que esta instancia debería evaluar: Las capacidades y la actuación de la fuerza armada como primer respondiente en tareas de seguridad pública. Los criterios de despliegue territorial de la fuerza armada, pues donde incrementa el despliegue del Ejército aumenta también la violencia y no hay tendencias a la baja.
Además, llamar a comparecer a titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional y demás funcionarios del gabinete de seguridad. Los avances en el desarrollo de la estructura y formación de capacidades de la Guardia Nacional tras el traspaso del mando operativo y administrativo a la Sedena. La vulneración cibernética masiva a los servidores de la Sedena, con la cual se filtraron millones de documentos clasificados de las fuerzas armadas.
Así como el uso de tecnologías para espiar a la ciudadanía desde la Sedena e indagar a fondo la existencia del Centro Militar de Inteligencia que carece de bases legales y atropella al Estado de derecho.
El uso de la fuerza pública y la letalidad de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional a la luz de casos como los de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en septiembre de 2022 y febrero de 2023, así como el de Guanajuato en abril 2022, entre tantos otros.
Analizar las facultades extraconstitucionales que este gobierno le ha conferido a las fuerzas armadas, su manejo presupuestal y su injerencia política en la vida pública del país. Evaluar la actual relación cívico-militar en el Estado mexicano y su evolución durante los últimos 15 años. Perfilar la ruta para el retiro paulatino de la fuerza armada de las tareas de seguridad pública, con objetivos claros y fechas concretas, con recursos suficientes, políticas públicas y metas concretas para que las autoridades civiles de la Federación, de las entidades federativas y los municipios asuman a cabalidad las funciones de seguridad pública.
LP
