En su último día de trabajo, el Senado discute la reforma educativa que, a decir de la bancada de Morena, sentará precedentes en el país porque la iniciativa presidencial fue enriquecida con propuestas de la oposición para garantizar la autonomía universitaria, ampliar el derecho a la educación hasta el nivel universitario, elimina el carácter punitivo en la evaluación magisterial y reconoce la diversidad regional, sin permitir que la corrupción o el negocio permee la asignación de plazas.
Al exponer ante el pleno el contenido del dictamen, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación, Eduardo Ramírez Aguilar y Rubén Rocha, afirmaron que se acabó la negociación de plazas con los maestros.
“Que quede claro aquí, esta reforma educativa no deja ninguna cobertura para negociaciones que conduzcan a corrupción y manejos indebidos del patrimonio de los mexicanos como pueden ser las plazas y en general la nómina del servicio educativo”, sostuvo Rocha Moya.
Comparó esta reforma con la impulsada por Adolfo López Mateos y Jaime Torres Bodet, pues se modifica el paradigma de la evaluación punitiva por una evaluación formativa y diagnóstica; se eleva a carácter de universalidad el derecho humano a la educación, poniendo de cero a tres años la educación inicial y la educación superior como obligatoria, lo que le da carácter universal.
Indicó que tiene un principio fundamental de los derechos humanos que es la progresividad, la educación inclusiva con maestros formados de manera especial, con edificios escolares dignos, con accesibilidad y movilidad propia.
Así como la interculturalidad que ataca la discriminación que se ha tenido en el servicio educativo con carácter pluricultural, pues inclusive considera el lenguaje de señas en este nuevo sistema educativo.
“Se incorpora y ahora tenemos en la obligatoriedad una serie de criterios que definen la autonomía universitaria en el artículo tercero”, resaltó.“Con esta reforma educativa se acaba la evaluación punitiva. Todos los maestros y maestras que hayan generado algún derecho con la aplicación de la reforma anterior y que hayan sido afectados sus derechos y sancionados o perseguidos, deberán ser restituidos en sus derechos”, acotó.
A su vez, Eduardo Ramírez subrayó que se sienta un precedente porque se cancela la ley general del servicio profesional docente, se deroga la ley del Instituto Nacional para la Evaluación en Educación.
Por lo que “nunca más los maestros verán condicionada su permanencia laboral a la evaluación con exámenes universales y estandarizados que desconocía la diversidad regional”.
Sostuvo que corresponde a la rectoría del Estado mexicano la educación, que será equitativa inclusiva, pluricultural y estará permeada con el principio de los derechos humanos y la perspectiva de género.
En lo particular, se refirió al caso de Chiapas donde todos los días la paz es una forma de aspiración de vivir.
“Y uno de los grandes problemas que acontecieron en materia educativa violentaron el tejido social. Hoy tenemos un compromiso muy claro. No queremos que los maestros en México, que los maestros en Chiapas, Oaxaca, en Veracruz, Michoacán salgan a protestar a las calles; queremos que los maestros estén ocupados en las aulas para estar enseñando a los niños”, acotó.
AE
