Los juzgadores federales del país entregaron un documento a las Cámaras de Diputados y Senadores, en el que expresaron su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial, porque incumple distintos compromisos adquiridos por el país con motivo del Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señalaron que México y Estados Unidos tienen una estrecha relación que ha dado pauta a la construcción de una agenda estrechamente vinculada sobre temas políticos, económicos, comerciales, ambientales, energéticos, de seguridad, de migración, así como de la gestión de su frontera común, entre otros.
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Indicaron que, entre los aspectos que más se han propiciado por ambas naciones son sus relaciones comerciales y económicas. De esta manera, Estados Unidos es el principal socio comercial de México.
“A su vez, nuestro país se ha consolidado como un aliado económico importante para Estados Unidos; incluso, durante el primer trimestre de 2024, se colocó como uno de sus principales socios comerciales”, señalaron.
Los jueces y magistrados puntualizaron que el T-MEC coexiste y, en algunos casos, interactúa con otros instrumentos del derecho internacional público, incluidos tratados bilaterales, acuerdos multilaterales (como los de la Organización Mundial del Comercio) y otros acuerdos regionales de comercio.
“Esto requiere un equilibrio cuidadoso para asegurar que las disposiciones del T-MEC sean compatibles y se integren óptimamente con otros compromisos internacionales de los Estados parte, lo que conlleva grandes desafíos, tanto para el derecho económico internacional como para el derecho constitucional de los Estados parte, sobre todo en
materias sensibles como el medio ambiente, el combate a la corrupción, los derechos laborales y la propiedad intelectual.
“De manera contextual, es preciso mencionar que el 28 de agosto de 2018, se concretó un preacuerdo trilateral entre dichos países a través de sus mandatarios, el cual se materializó bajo el mandato del presidente López Obrador el 30 de noviembre siguiente con la firma del referido tratado”, añadieron.
Destacaron que, en el anexo 23-A del propio instrumento internacional, México se comprometió a implementar las acciones necesarias para adecuar las legislaciones correspondientes antes del 1 de enero de 2019, con la finalidad de garantizar y mantener tribunales laborales independientes e imparciales.
“Asimismo, se comprometió al gobierno entrante (mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador) a la observación y cumplimiento de dicho tratado.
“De ese modo, los compromisos asumidos por México adquirieron especial relevancia en el proceso legislativo del decreto de reformas a distintas leyes Federales, con el objeto de reglamentar la reforma constitucional en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva”, enfatizaron.
LP
