El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, afirmó que el proceso para el desafuero del dirigente nacional y senador priista, Alejandro Moreno, sigue abierto, a pesar de que la Sección Instructora en la legislatura anterior intentó “finiquitarlo” sin dictamen de por medio.
“Hicimos observaciones al acta de entrega-recepción y estamos esperando su respuesta, pues hay algunos asuntos que no entendemos bien por qué se declararon con anticipación y, desde nuestro particular punto de vista, sin competencia, como finiquitados, y al no existir un dictamen aprobado por la Comisión Jurisdiccional de la pasada legislatura, es nuestra opinión legal que no tendrían por qué darse por concluidos”, puntualizó.
Flores subrayó que la comisión a su cargo espera respuesta a dichas observaciones para contar con todos los elementos de análisis suficientes sobre el caso de Alejandro Moreno.
El legislador morenista presentó este jueves en reunión de la Comisión Jurisdiccional un informe sobre la entrega-recepción de expedientes y detalló que se revisaron 127 cajas resguardadas en la bóveda de dicha instancia, con base en la documentación hallada la Sección Instructora.
“Se encontraron diversos expedientes con asuntos pertenecientes a legislaturas muy lejanas y que, por su naturaleza, están prescritos”, precisó Flores, aunque aclaró que otros documentos de las últimas dos legislaturas están “en la ventana legal todavía de prescripción” y sobre esos asuntos se concentrará la comisión.
En agosto de 2022, la Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno como presunto responsable de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de la entidad.
El Ministerio Público detalló que tan solo la residencia de Moreno Cárdenas en Campeche tiene un valor de 130 millones de pesos, a lo que se suman cuadros, esculturas y piezas artísticas valuadas en más de 50 millones.
Ley de Juicio Político y Desafuero
El diputado Hugo Eric Flores presentó a los integrantes de la Comisión Jurisdiccional su iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia que, entre otros aspectos, prevé la imprescriptibilidad en materia de corrupción de altos funcionarios públicos y establece procedimientos claros y diferenciados para el juicio político y el desafuero.
El proyecto busca asimismo cancelar la facultad de los congresos estatales para detener los desafueros de funcionarios locales por delitos federales, pues “se da en la experiencia que no acatan lo que dice el Congreso federal, y esa es una de las cosas que hay que cambiar”.
“Ni siquiera va a llegar a los congresos, una vez que haya desafuero en el Congreso federal, va a perder también el fuero local”, señaló.
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