La fracción del PRD en la Cámara de Diputados interpuso una demanda de juicio político contra el ex procurador general Jesús Murillo Karam por las presuntas violaciones graves a la Constitución durante las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.
“No puede haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la envergadura de lo ocurrido en Guerrero”, puntualizó el coordinador de la bancada perredista, Francisco Martínez Neri.
El recurso entregado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados señala a Murillo Karam como presunto responsable de actos y omisiones “que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo como servidor público”.
En conferencia de prensa posterior, los diputados federales del PRD subrayaron la necesidad de sancionar a todos los funcionarios que incurrieron en fallas e inconsistencias durante las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes normalistas.
“El reclamo principal del grupo parlamentario del PRD es que todas y cada una de las víctimas, directas e indirectas, tengan verdad y justicia. Nos solidarizamos con las causas, con la lucha de los padres, de los amigos, de la familia de los 43 estudiantes”, remarcó la legisladora perredista Cristina Gaytán.
El coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, desestimó la demanda de juicio político contra Murillo Karam y calificó esa acción como un autoexorcismo del PRD con ánimo de desviar la atención.
“Lo que creemos es que están echando mano de un recurso político revestido de jurídico, y que en el afán de exorcizarse, de evadir las responsabilidades, por lo menos de orden político, pretenden distraer la atención y pedir que los focos vayan en otra dirección”, dijo.
Sostuvo que los diputados perredistas pretenden expiar sus culpas políticas y distraer a la opinión pública de una responsabilidad y de personas con nombre y apellido que militaban o militan en el PRD, como fue el caso del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
