Mientras el PAN advirtió que mañana aprobarán, en primera vuelta, sancionar por la vía penal con hasta nueve años de cárcel y multa de 46 mil pesos por la no publicación de decretos en el Periódico Oficial del Estado (POE), el Congreso local solicitó al gobernador Samuel García que detalle los motivos por lo que no ha publicado 95 decretos y 200 acuerdos.
En sesión ordinaria de Pleno, Lilia Olivares, diputada local del PAN, pidió, primero, la publicación del acuerdo 256 expedido por el Congreso del Estado que tiene como objeto establecer el día 11 de mayo de cada año como el “Día Estatal contra Violencia Vicaria”.
“Es fundamental dar a conocer esta situación que daña a las familias mexicanas y ejerce un tipo de violencia que no permite el desarrollo de los menores, siendo la mejor manera de visibilizar un día para reconocer este padecimiento, por lo que se propuso declarar el 11 de mayo el Día Estatal Contra la Violencia Vicaria en Nuevo León a fin de visibilizar esta problemática, abrir conversación y emprender acciones para concientizar a la sociedad sobre este tipo de violencia, encontrar la forma de prevenirla, y de ser posible erradicarla”, opinó.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, dijo que la serie de iniciativas que se han presentando o aprobado para establecer dentro de la Ley de Mujeres debe ir más allá de reconocer un día.
Sin embargo, Perla Villarreal, del PRI, pidió que se añadiera un exhorto para que se informe respecto a los motivos por los cuales diversos acuerdos carecen se publicación en dicho órgano de difusión, instruyéndose para tal efecto a la Oficialía Mayor para anexar la relación correspondiente.
Villarreal consideró oportuno realizar el exhorto porque hay casos que tienen meses de no haberse publicado.
Por separado, Carlos de la Fuente, líder del PAN, dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobará mañana, en primera vuelta, una reforma para establecer que una omisión sea considerada un delito y se sancione penalmente.
Dijo que no hay excusas políticas para frenar la publicación de lo avalado por los legisladores, pues en ocasiones publican decretos seleccionados.
"La suspensión por la supuesta invalidez de los extraordinarios ya la tumbaron, el Colegiado nos dio la razón, y pues los vetos sobre los vetos y los vetos a la Ley Orgánica, que están prohibidos, ya no hay excusas para ello, claro, pero habrá que ver cuál excusa saca el gobernador en los temas que no ha publicado, creo que son 95.
"Vamos a subir un tema muy importante, que es constitucional, que es convertir en delito penal la no publicación de las reformas en el Periódico Oficial, es una reforma en primera vuelta”, refirió.
Eduardo Gaona, líder de la bancada de MC, dijo que lo dicho por De la Fuente no tiene sentido, pues antes de consumarlo debe ser publicado en el POE, situación que no hará el ejecutivo estatal.
"Son actos desesperados los que estamos viendo, la Gaceta no es la opción, todo esto es hacernos venir a perder el tiempo a todo el Pleno, porque saben que al estar proponiendo este tipo de reformas lo que va a pasar es que no se van a publicar, no van a entrar en vigor, pues es un tema que tiene que ver con el derecho constitucional en donde, por criterios de la Suprema Corte, se tienen que publicar en el Periódico Oficial y quien tiene la potestad de hacerlo es el Ejecutivo”, concluyó.
De acuerdo con la reforma, el artículo 10, adicionándose un último párrafo al artículo 21, el artículo 49 Bis, y, así mismo se modifica el título de la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León establece los candados.
Establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas UMA diarias, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de demandado en la controversia de inconstitucionalidad o en el incidente por incumplimiento de la suspensión.
Además, se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil UMA diaria, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la parte demandada que dolosamente
I. Incumpla una sentencia de controversia de inconstitucionalidad o no la haga cumplir.
II. Repita el acto reclamado.
III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir la resolución de la controversia de inconstitucionalidad.
