El Congreso local turnó este lunes una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, y del magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.
La petición, que fue firmada por el ciudadano Teodulo Martínez Salazar, expone que tanto Arenas Bátiz como Guerrero Gutiérrez cometieron supuestas faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
"Escrito signado por el ciudadano Teodulo Martínez Salazar mediante el cual solicita la declaratoria de procedencia en contra del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, y del ciudadano magistrado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, por las presuntas faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos", mencionó la diputada Laura Paula López al leer el asunto en cartera.
Ante ello, el presidente del Congreso, Andrés Cantú, turnó para su estudio la petición a las comisiones de dictamen legislativo para su análisis.
De acuerdo al artículo 30 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Nuevo León, en caso de que la Asamblea del Congreso efectúe proceder penalmente, el servidor público será privado del fuero y quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión, y sujeto a la jurisdicción de los Tribunales competentes.
"La propia Asamblea(del Congreso), a través de la Comisión Jurisdiccional, notificará dicha declaración mediante oficio al inculpado, al denunciante o querellante y al Ministerio Público, quien podrá solicitar las medidas precautorias conducentes, de conformidad con la legislación penal", refiere el segundo párrafo del artículo 30.
EMB
