Ante las advertencias de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, de que llevará al presidente Enrique Peña Nieto a la cárcel una vez que termine su mandato, el titular del Ejecutivo Federal presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que busca protegerse de cualquier acto futuro.
La controversia, que aún no ha sido admitida a trámite por algún ministro del Alto Tribunal, quedó registrada bajo el número 183/2018.
Los actos que reclamó Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, tienen que ven contra cualquier acción que pretenda emprender en el futuro la Fiscalía de Chihuahua, no sólo contra el mandatario federal, sino contra integrantes de su gabinete.
“Las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relaciones directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
“La emisión de citatorios existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”. Asimismo, la emisión de órdenes de detención.
De igual manera, se busca proteger a Peña Nieto y a su gabinete de cualquier citación judicial, órdenes de aprehensión, presentación o arraigos respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones.
Con la controversia también se busca proteger al titular del Ejecutivo Federal de cualquier intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que hagan referencia de actuales o anteriores funcionarios federales.
Además de advertir de que llevará a la cárcel al presidente Peña por presuntamente proteger al ex gobernador César Duarte, “por toda la operación del gobierno federal” para evitar que Duarte comparezca ante tribunales, Corral ha señalado que Peña podría ser llevado ante los tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política.
A principios del presente año, Corral señaló:
“A Peña Nieto, a quien le quedan ocho meses en el gobierno, a Peña Nieto que ya se va, le urge cerrar varios de estos asuntos, pero se le olvida que Chihuahua puede ser, frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política”, dijo durante la asamblea informativa que encabezó en la Plaza del Ángel.
jbh