La paridad en las candidaturas que deben cumplir los partidos políticos ha disparado los casos de violencia política contra las mujeres, aseguró la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso.
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"La violencia política hacia las mujeres por razón de género la hemos visto incrementarse, precisamente a partir de la paridad, que cuando se establece en la Constitución el principio de paridad en todos los cargos de elección popular. Entonces, ahora ha obligado a los partidos políticos a cumplir con este principio de paridad y de alguna manera pudiera ser incongruente pensar que si ya es una obligación, por qué tendría que ser violento, si además, violento o no tienen que cumplir con la paridad", dijo la magistrada.
Sin embargo, 40 por ciento de los recursos que se interponen son desechados sin que se pueda siquiera conocer el fondo del asunto, lo que demuestra la necesidad de capacitar a las mujeres para que conozcan el camino que pueden seguir para acceder a la justicia.
En el marco del Décimo Encuentro Nacional de Magistrados, Soto Fragoso destacó la importancia del Protocolo para la Atención de la Violencia Política hacia las Mujeres, que ha sido rediseñado para convertirse en una guía de actuación para las mujeres que viven violencia política.
La violencia responde a una visión de que las mujeres no tengan el poder y es una visión a la que todos hemos contribuido, por lo que es necesario la participación de todos para lograr una sociedad más equilibrada, explicó.
"Esta violencia política la hemos visto en muchos niveles y a muchos grados, desde amenazas, desde perderles papeles, desde darles un poco confusión en cómo cabildear, en cómo hacer cosas, hasta la muerte, hasta cuestiones, de verdad, terribles", dijo.
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La magistrada destacó la importancia de generar redes de apoyo a las mujeres con abogados especializados a quienes les interese el tema y que sepan impugnar los asuntos y pelear por ellos.
Soto Fregoso evidenció la necesidad de consolidar la Ley de Violencia Política para garantizar que este tipo de conductas sean consideradas como un delito y permita a las autoridades atender de manera directa la problemática.
"Necesitamos la contundencia de la fuerza de la ley para que la violencia política contra las mujeres esté tipificada como un delito y que ello se acompañe de una cultura de la denuncia para que el Tribunal pueda intervenir (...) porque muchas veces a golpe de sentencia se ha dicho, se han dado estos cambios", manifestó.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayor número de casos de violencia política contra las mujeres, pero no es un tema exclusivo de las comunidades indígenas ni de un cargo específico.
OVM
