Sesenta veces más de lo presupuestado gastó Tamaulipas en servicios generales durante 2018, lo cual no fue fiscalizado por los diputados locales, señala un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El sobregiro corresponde al rubro “otros servicios generales”, que incluyen gastos por servicios de defunción, impuestos para adquirir bienes extranjeros, pago de multas e intereses.
Así lo indica el Índice de Información del Ejercicio del Gasto basado en el plan de egresos del citado año, en donde se señala que con los informes financieros trimestrales, las legislaturas locales pueden detectar variaciones injustificadas desde el primer tramo del año y llamar a rendir cuentas a los gobiernos estatales.
Y es que en varios estados se detectaron grandes variaciones entre lo presupuestado y lo gastado en el referido ejercicio fiscal. A pesar de que los congresos cuentan con la información, no frenaron esta mala práctica, expone.
“Al inicio de 2018, el Gobierno de Tamaulipas había presupuestado 12 millones de pesos para este concepto, tres meses después, había gastado 18 veces más.
A la mitad del año llevaba 30 veces su presupuesto y a fin de año ejerció 60 veces su monto aprobado” se lee en el informe, en el caso de la entidad.
El IMCO señala que este tipo de situaciones ocurren por una mala planeación de las secretarías de finanzas locales sin contrapesos legislativos.
Y cuestiona: ¿porqué los diputados locales no hicieron nada?. Agrega:
“No han regulado sus propias atribuciones para aprobar o negar las modificaciones al presupuesto realizadas por las secretarías de finanzas.
Hacen poco uso de su facultad de emitir opiniones sobre los informes trimestrales de gasto que les remiten y no exigen la comparecencia de las autoridades que gastan más de lo aprobado”.
Subraya que diferentes entidades tuvieron variaciones superiores al 1,000% en 90 rubros, y que la falta de apego a los montos planeados y presupuestados dificulta la eficiencia en el gasto de los recursos públicos.
“Un gasto no planeado difícilmente será bien ejecutado”, puntualiza.
Por lo tanto, propone reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.
“Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del Congreso local”, plantea.
Es fundamental, expone, una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto y cumplir realmente su función de contrapeso.
ELGH
