El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por sus avances en materia de desaparición forzada, tortura y detención arbitraria , pero alertó “altas y crecientes” tasas de homicidios dolosos, previo a la evaluación a la que será sometido este miércoles el país en el Examen Periódico Universal (EPU).
El informe de las Naciones Unidas, consultado por MILENIO, contempla cuatro rubros y 21 ejes temáticos sobre el cumplimiento del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, luego de su evaluación anterior en 2018.
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Dentro de las acciones emprendidas por el gobierno, el Consejo de Derechos Humanos destacó la aprobación de Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, los cambios a la nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) de 2021, entre otras.
Si bien la ONU reconoció la creación de instituciones y políticas públicas para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país, señaló que no se han destinado los recursos suficientes, ni aplicado de forma efectiva la ley en materia.
Recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada observó un incremento en el número de desaparecidos e impunidad “casi absoluta” en los casos y recomendó fortalecer la capacidad de las fiscalías, además de transparentar la metodología para actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reportó crecientes tasas de homicidios, así como un aumento del número de atentados y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Remarcó que de acuerdo con los informes recibidos, las medidas de protección “no eran suficientes ni eficaces”. Además de señalar su preocupación por la presencia de grupos de autodefensa en algunos estados, como es el caso de Guerrero y Michoacán.
Aunque reconoció la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y su reforma en 2021, lamentó que su implementación no se diera de manera efectiva, pues remarcó que aún persiste el uso generalizado de la tortura, además de que la ley no abarca actos cometidos con el fin de obtener información o declaraciones.
Dentro del eje temático sobre la lucha contra la impunidad, calificó como “positivo” el papel de las instituciones involucradas en el caso Ayotzinapa, pues, dijo, se realizaron esfuerzos para incrementar su capacidad de investigación.
En materia migratoria señaló que hay una reincidencia de las autoridades en la detenciones automáticas u obligatorias a migrantes y solicitantes de asilo con riesgo de devolución, además que “no se consideró que las condiciones de detención cumplieran las obligaciones de los derechos humanos”.
IOG
