La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades a "intensificar esfuerzos" para esclarecer el caso de los 72 migrantes asesinados el 22 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.
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"A ocho años de los hechos de San Fernando, los familiares siguen buscando la verdad de lo ocurrido, justicia y reparación", afirmó la institución en un comunicado.
Por eso, instó a las autoridades a trabajar por "la plena identificación de todas las víctimas, el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas".
Durante estos años, valoró ONU-DH, la investigación ha registrado "irregularidades" respecto a la identificación y entrega de los cuerpos hallados.
Además, ha habido una falta de coordinación entre México y los países centroamericanos y sudamericanos de donde procedían las víctimas, así como "dificultades para acceder a las copias de los expedientes y conocer el avance de las investigaciones".
Aun así, el representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, señaló que "ha habido esfuerzos del Estado mexicano y avances en la identificación de los migrantes desaparecidos", gracias a los importantes aportes realizados por la sociedad civil y los familiares de las víctimas.
Esto ha dado como resultado la creación de la Comisión Forense, la Unidad de Migrantes de la Procuraduría General de la República y el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes, agregó.
De acuerdo con ONU-DH, el caso de la matanza de San Fernando visibiliza las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, al igual que otras tragedias como el homicidio de 49 migrantes en 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
"Se necesita el desarrollo de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México y el reforzamiento de las políticas de apoyo que los países de origen puedan brindar a sus connacionales", resaltó Jarab.
Este miércoles, la cancillería de Ecuador informó que el gobierno mexicano compensó a 48 ecuatorianos -una víctima directa que sobrevivió y 47 víctimas indirectas- por la masacre, atribuida al cártel de los Zetas el 22 de agosto de 2010 en San Fernando.
