Los migrantes deportados de Estados Unidos a Nuevo León podrían tener la esperanza de trabajar en la entidad.
Y es que este jueves, la Coordinación de Intervención Intercultural de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, que encabeza Eugenio Montiel Amoroso, y empresas regiomontanas, arrancaron una mesa de trabajo para impulsar la empleabilidad a los migrantes deportados.
Para ello, invitó a diversas dependencias de Gobierno del Estado a analizar e impulsar acciones que incidan en el desarrollo de competencias para el trabajo de los migrantes repatriados.
“El proceso consistirá en capacitación, certificación e inserción en el mundo laboral, para lograr así que los migrantes logren salir de su situación de vulnerabilidad.
"Ante las políticas antimigración del gobierno estadunidense actual, se ha tenido un incremento en el número de migrantes repatriados al país”, señala un comunicado oficial de Desarrollo Social.
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Para abrirle esta puerta del empleo a los inmigrantes repatriados, acudieron funcionarios de la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Economía y Trabajo, el Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación en Competencias para el Trabajo, la Subsecretaría General del Gobierno del Estado y el Sistema DIF del Estado.
Entre las empresas que participaron en esta mesa de trabajo fueron directivos de Qualia Alimentos y Xignux Corporativo, establece el comunicado.
Según cifras oficiales, en 2017, México cerró con una cifra histórica de 28 mil 771 millones de dólares en remesas, donde Nuevo León, incrementó en un 26.3 por ciento su captación de remesas.
Al año son deportados de Estados Unidos 200 mil mexicanos, de los cuáles cinco mil son de la zona norte y alrededor de mil 600 de Nuevo León, y al tener que volver al país, se encontrarían en situación de vulnerabilidad, establecen cifras del Instituto Nacional de Migración.
La Secretaría de Desarrollo Social emitirá en los próximos meses junto con una Organización de la Sociedad Civil, respetando el actual periodo electoral como lo establece la Ley, una convocatoria pública para valorar el financiamiento de proyectos que tengan como propósito apoyar a superar la problemática de los migrantes.
