El municipio de Chihuahua impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el llamado plan B de la reforma electoral del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este jueves, el alcalde panista, Marco Antonio Bonilla, promovió una controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En su escrito, el presidente municipal argumenta que dichas modificaciones de ley violan los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de las y los habitantes del municipio de Chihuahua.
En particular, Bonilla detalla que los conceptos de invalidez que reclama se refieren, entre otros, a la libre administración hacendaria y la autonomía hacendaria del municipio, además de que, acusa, vulnera el derecho a la información de los ciudadanos de la capital chihuahuense.
"Con esto se restringe su acceso adecuado y oportuno a los diversos servicios, programas, apoyos y acciones que el municipio ofrece", explica el documento recibido este jueves por el máximo tribunal del país.
DMZ
