Las modificaciones al sistema de nombramientos de jueces realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación violan los estándares globales de independencia judicial y ponen en peligro la imparcialidad del Poder Judicial en México, sostiene el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.
“La reforma judicial viola claramente los estándares internacionales. La extralimitación del Tribunal Electoral confirma que la implementación de las reformas en curso también es fundamentalmente defectuosa”, señala la institución.
La universidad señala que el caso más reciente de extralimitación en la implementación de la reforma ocurrió cuando el TEPJF ignoró una suspensión de la Suprema Corte, permitiendo que el Senado asumiera el control exclusivo de los nombramientos.
Esta acción consolidó el dominio de los poderes políticos sobre la judicatura, confirmando que la reforma no solo es defectuosa en su diseño, sino que también está siendo ejecutada de manera autoritaria.
De acuerdo con un comunicado de la institución educativa, la principal preocupación radica en la eliminación de comités de nominación independientes, mecanismos diseñados para garantizar que las designaciones se realicen con base en el mérito, la competencia y la integridad, y no por intereses políticos.
En su lugar, la reforma ha otorgado el control total del proceso de selección a los poderes Legislativo y Ejecutivo, consolidando un esquema que permite la injerencia gubernamental directa en la composición de los tribunales.
“El control exclusivo de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre las nominaciones judiciales socava estos principios. Esta concentración de poder intensifica el control político sobre el proceso de nombramientos, poniendo en peligro la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial”, expone el escrito.
Ante este escenario, el Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford ha llamado a las autoridades mexicanas a rectificar para alinear los procesos de selección judicial con los estándares internacionales y restaurar la independencia de los jueces para evitar que el sistema de justicia se convierta en un aparato subordinado al poder político.
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