Garantizar el derecho a la identidad de menores de 18 años nacidos en Estados Unidos, de padre o madre mexicanos y que no cuenten con acta de nacimiento y clave única de registro de población, propuso la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra.
En una proposición con punto de acuerdo, expone que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, informó que en 2017, casi 9 mil niños, niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos fueron repatriados; la mayoría viajaban sin la compañía de un adulto.
Mencionó que no obstante lo establecido en los marcos internacionales y nacionales, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se ven violentados cuando no existe seguridad jurídica para proteger sus derechos de manera eficaz y eficiente.
“El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre, su apellido, sexo y su nacionalidad e implica la obligación a cargo del Estado de garantizar su cumplimiento y expedir la primera copia certificada del Acta del Registro de Nacimiento de los ascendientes, tutores, custodios de los menores”.
Además, refiere, se convierte en la base para el ejercicio de otros derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección, mismos que son establecidos en los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por carácter de Ley suprema deben de ser protegidos sin ninguna dilación.
“Lamentablemente, en nuestro país se ha guardado por años en el cajón de la ignominia todo esfuerzo por otorgar seguridad jurídica a los menores que se encuentran en la situación de migración por necesidad. Tal es el caso de niñas, niños y adolescentes nacidos en territorio estadounidense y que cuentan con un certificado de nacimiento emitido por la autoridad americana, pero que son hijos de padre o madre mexicanos y que por la situación migratoria irregular en la que se encuentran los padres, son deportados a México y con ellos, el menor, ya que no tiene familiares con quienes ejercer su ciudadanía americana”.
Destaca que al llegar a sus lugares de origen, los menores están desamparados, dado que no tienen papeles que sustenten su nacionalidad y, consecuencia de ello, están privados de sus derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad o acceso a apoyos y estímulos gubernamentales, como las becas. Su propuesta fue turnada a Comisiones para su análisis y dictamen.
CGCH
