El diputado Porfirio Muñoz Ledo afirmó que el gobierno de México está obligado a permitir el paso de la nueva caravana de migrantes por el territorio nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 constitucional y el acuerdo de Marrakech.
Tras el ingreso a México de mil 87 migrantes centroamericanos, principalmente hondureños, y después de que el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que "en la mayoría de los casos se procederá al retorno asistido a sus países de origen", Muñoz Ledo señaló en Twitter que el gobierno mexicano está obligado a recibirlos.
Nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional; así lo marca el Artículo 11 de la Constitución y el Acuerdo Migratorio de Marrakech del cual México fue activo promotor y que establece la migración "ordenada, segura y regular"
— Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 19, 2020
"Nuestro gobierno tiene la obligación de permitir el paso de los migrantes por el territorio nacional; así lo marca el artículo 11 de la Constitución y el Acuerdo Migratorio de Marrakech, del cual México fue activo promotor y que establece la migración ordenada, segura y regular".
En un segundo mensaje, el legislador de Morena subrayó: "Suponemos que esa es la función de la Guardia Nacional respecto a la caravana hondureña".
Muñoz Ledo ha mantenido una posición crítica frente a la política migratoria que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard han puesto en marcha para frenar los flujos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos, en respuesta a la exigencia del presidente norteamericano Donald Trump en ese sentido.
El artículo 11 de la Constitución Política al que hizo referencia el legislador establece que "toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes".
No obstante, señala, "el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país".
La citada disposición constitucional establece asimismo el derecho de asilo y los lineamientos generales para su procedencia.
"Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones", detalla.
RLO
