Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó, en primera vuelta, dar paso a la creación de la Ley de Emergencia Económica, reformando el artículo 85 de la Constitución local.
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En sesión virtual de la comisión que preside, el diputado priista Jorge de León explicó que la reforma sería reglamentaria para definir las actividades esenciales en caso de contingencias, así como incentivos fiscales y la creación de un fondo para apoyar la actividad productiva en Nuevo León.
Álvaro Ibarra, del PRI, propuso una modificación al decreto para que se proteja la economía de las familias en todo el estado, mientras que Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, planteó que se corrigiera el texto para garantizar la productividad laboral.
En el debate virtual se aclaró que la reforma debe ser votada y aprobada en dos vueltas por el Pleno para que pueda tener validez.
“La Ley tiene como objetivo proteger la economía de las familias de Nuevo León y que el titular del Poder Ejecutivo, ante acontecimientos presentes o futuros que pongan en riesgo la actividad económica y laboral en el estado, tenga la atribución de emitir, en un plazo no mayor a 48 horas, una Declaratoria de Emergencia Económica”, determina el documento.
La propuesta que fue aprobada en siete minutos, la presentó la semana pasada el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, y las cámaras empresariales.
Con la iniciativa se busca otorgarle al Gobierno del Estado la atribución de proteger la economía de las personas y la productividad laboral en la entidad, además, se propone crear un Consejo Estatal de Emergencia Económica, como un órgano interinstitucional eventual y temporal con funciones de asesoría.
En la Ley de Emergencia Económica se plantea sean consideradas como actividades esenciales aquellas, cuya suspensión, puedan tener efectos irreversibles para su continuación, como la industria de alimentos y bebidas, la distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, entre otras.
La nueva Ley también propone la creación de un Fondo de Declaratoria de Emergencias, que podría iniciar con mil millones de pesos, que permitiría tomar medidas inmediatas cuando se emita la declaratoria.
