El cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad y es el resultado de la elevación de la temperatura promedio del planeta. Hemos llegado a un punto de no retorno en este aumento, por lo que es urgente que todos los países tomemos medidas para combatirlo.
El 12 de diciembre concluyeron los trabajos de los 195 países que participaron en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21). El objetivo fue lograr un nuevo acuerdo global para afrontar este fenómeno.
No se alcanzó un mecanismo vinculante para obligar a todos los países a reducir gradualmente sus emisiones, pero 186 de ellos hicieron públicos planes detallados sobre cómo lo harán entre 2025 y 2030. México fue uno de ellos.
En el ámbito nacional, estas propuestas se respaldan en el marco legislativo y las políticas públicas diseñadas para llevar a la práctica la reforma energética; sin embargo, esta legislación mantiene y prioriza los hidrocarburos como principal fuente de energía en el país.
La transición a fuentes de energía limpia es un proyecto de mediano plazo y, debemos reconocer, nuestro país presenta un serio rezago en la materia. Además, enfrenta otros problemas ambientales como la deforestación y el agotamiento de los recursos acuícolas, que también contribuyen al calentamiento global.
Si bien la intención del gobierno mexicano de contribuir en la disminución de los efectos del calentamiento global es loable, las acciones que propuso en la COP21 deben ser comunicadas a los mexicanos, junto con la evidencia que las sustenta, los recursos que se destinarán y los resultados que de ellas se esperan.
Información pública
¿Quién contribuye, cómo se opera, de dónde provienen los recursos y cómo se administran?
La información pública es el insumo para rendir cuentas sobre el cumplimiento de estas acciones, así como para demostrar que benefician a todos los mexicanos y no a intereses particulares, que se respetan los derechos humanos, el papel de los pueblos indígenas y la equidad de género.
Las personas también tienen responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y pueden cooperar en ello. Por medio de la información pública es posible motivar esa cooperación difundiendo las soluciones que el gobierno implementa, así como facilitar un lenguaje común para recoger propuestas de mejora y promover la colaboración.
Asimismo, la transparencia y el acceso a la información pública permiten a las comunidades afectadas por diversos proyectos estar al tanto de los impactos sociales y ambientales y defender sus derechos cuando estos se vean afectados.
No estoy hablando de nada nuevo. México es firmante de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo Principio 10 compromete a los Estados a facilitar información para promover la participación ciudadana en el cuidado y defensa del medio ambiente. Además, contrajo compromisos a escala internacional en materia de gobierno abierto.
El Plan de Acción 2013-2015 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto también incluye acciones para mejorar la información pública ambiental para mejorar la toma de decisiones, así como para transparentar los sectores energético y extractivo.
Estas acciones deben ser continuadas y fortalecidas como la vía para demostrar que México asume efectivamente su responsabilidad para enfrentar el cambio climático tanto a escala nacional como global.
Comisionado del INAI
Twitter: @joelsas
