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En materia electoral hemos seguido una ruta equivocada para paliar los problemas de la democracia local. En lugar de forzar el funcionamiento imparcial y profesional de las autoridades estatales, se opta por centralizarlas como un parche temporal que no ataca el problema de fondo que es la falta de mecanismos de pesos y contrapesos que garanticen el desempeño eficaz de las autoridades locales. Mismo sendero se ha tomado en materia de transparencia, de combate a la corrupción, de fiscalización superior y de disciplina financiera. Ciertamente, se contiene el daño momentáneo del mal desempeño, pero no se resuelven las causas que lo motivan.
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