El próximo lunes se vence el plazo para que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y su director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, respondan a las acusaciones de desacato judicial.
El caso es llevado por la jueza Vicenta Margarita González Vega, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Quien asegura que los funcionarios incumplieron una resolución emitida en abril pasado a favor de migrantes encerrados en las 58 estaciones migratorias del país.
Fue el pasado lunes que la jueza emitió un dictámen sobre las acciones que llevó a cabo la autoridad migratoria respecto a la suspensión de amparo. El cual, fue cuestionado mediante una queja interpuesta por organizaciones de la sociedad civil en pro de migrantes.
En ésta, se señala que hay inconsistencias en la información que entregó la Secretaría de Gobernación y el propio INM al juzgado. En el criterio de la jueza González Vega, no cumple con la resolución del amparo.
La resolución fue emitida en abril, y en ella se pedían 11 acciones de la autoridad a favor de migrantes. Algunas son: poner en marcha acciones para evitar el contagio de covid-19, entre la población de migrantes detenidos e incluso, la libertad de personas vulnerables, así como garantizar comunicación de detenidos con el mundo exterior.
Además, se debería entregar un informe detallado de las personas en retención, llevar a cabo una inspección permanente de las instalaciones, garantizar el respeto a derechos humanos, entre otras.
Estas acciones fueron dictadas a raíz de una demanda de amparo que el pasado 17 de abril, interpusieron las organizaciones Sin Fronteras, IAP, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Instituto para las Mujeres en la Migración.
En calidad de representante de esta última organización, Miriam González señaló que las autoridades migratorias están obligadas a cumplir con las 11 medidas dictadas. Para ello, los funcionarios tienen un plazo de tres días hábiles y 24 horas, pasado el 3 de agosto, para demostrar con pruebas fehacientes lo cumplido; este plazo se vence el lunes 10.
Sin embargo, el INM entregó a las autoridades información imprecisa a consideración de González, donde presuntamente cumplía con las 11 acciones mandatadas.
“La jueza evaluó que esa información no era precisa. No hay certeza de los protocolos aplicados para contener el virus en las estaciones migratorias y no existe precisión en el número de personas internadas”, detalló la entrevistada.
En términos jurídicos, la jueza expresa en su escrito “Incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano del juicio de Amparo 426/ 2020”. Lo que significaría que ambos funcionarios nunca cumplieron con la suspensión de amparo.
En su interpretación sobre lo mandatado por la jueza el pasado 3 de agosto, Miriam González, explica que “en la suspensión se habla que, de no acatar lo que dice la jueza, los funcionarios serán denunciados ante el Ministerio Público Federal por el incumplimiento de resolución judicial ".
Una de las imprecisiones en que incurre el INM es el número de detenidos en las estaciones migratorias. Puesto que, para las organizaciones demandantes, ni las fronteras norte y sur del país, ni las estaciones migratorias han quedado vacías de migrantes.
Para la jueza, resultó insuficiente “que las autoridades manifestaran de manera genérica, que habían llevado a cabo una serie de protocolos con la finalidad de proteger los derechos de las personas migrantes o sujetas a protección internacional ante la declaración de contingencia sanitaria en México” con motivo del covid-19.
