Lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, 26 y 27 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que se presume fueron ejecutados y calcinados por el grupo criminal Guerreros Unidos, no es privativo de esa entidad, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.
Rosales señaló que esta misma situación se presenta en otras partes del país, donde hay "mucha impunidad" y a los policías se les hace "fácil" participar del negocio "delictivo"; por esa razón, el grupo de padres se ha sumado a otras demandas para exigir que se investigue y se haga justicia.
En los últimos meses las autoridades federales han documentado la desaparición de personas en Veracruz, Tamaulipas, Durango o en la región de La Laguna; los cuerpos de algunas víctimas fueron hallados quemados, triturados o abandonados en fosas clandestinas.
En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón que hoy transmite por Notivox Televisión la segunda parte de la conversación, el litigante también habló sobre las versiones que aseguran que entre los normalistas desaparecidos había "infiltrados" del grupo delictivo Los Rojos, o que algunos jóvenes de la Escuela Normal Rural tenían relación con el narco.
Rosales aseveró que eso ya se ha investigado y no hay elementos que demuestren alguna relación entre estudiantes y criminales.
En noviembre de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) comenzó a investigar el audio entre Omar Vázquez Arellano con otro estudiante sobre una presunta incursión fallida del grupo criminal Los Ardillos a la escuela para intentar levantar a cuatro estudiantes por pertenecer a Los Rojos.
Notivox dio a conocer el audio en el que se escucha a Vázquez dialogar con otro estudiante.
Días antes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, señaló que desde la dependencia a su cargo abrió una nueva línea de investigación, la cual apuntaba a la penetración de grupos delictivos en la normal rural.
Sin embargo, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos, señaló que en el expediente del caso Iguala, que él tiene a su cargo, no había algún elemento que vincule a los estudiantes con el crimen organizado, ni antes ni después de lo ocurrido en Iguala.
Impunidad
El abogado aseguró que en México hay "mucha impunidad", además de que falta investigación y esclarecer varios sucesos; eso "nos lleva a que se reedite que a un policía se le haga fácil tener una complicidad con la delincuencia en determinado lugar, ya sea federal, municipal o ministerial, porque sabe que no va a haber una acción de la justicia contra esa conducta ilícita".
—¿No crees que al gobierno federal bajo la procuraduría de Murillo Karam le faltó, no sé qué ingrediente para realizar una investigación de narcotráfico, por ejemplo en la normal de Ayotzinapa? —preguntó Marín
—En todo momento se le dijo (a la PGR) qué se hiciera, que estábamos abiertos.
—Pero al mismo tiempo decían: no los criminalicen.
—Sí, porque está debidamente establecido a qué fueron los estudiantes, quiénes eran; su hoja de vida está sumamente clara.
—Algunos (jóvenes) no inscritos en la normal, porque estaban en un periodo de preparación para ver si eran admitidos como alumnos.
—Justamente el 26 de septiembre, casi la mayoría de los desaparecidos no se inscribía; bueno, la normal tiene un periodo de prueba.
Ejército
Al preguntarle por qué los padres y él han demandado que se revisen cuarteles militares, particularmente en Guerrero, y han acusado al Ejército de esta tragedia, Vidulfo respondió que el personal castrense intervino la noche del 26 de septiembre de 2014 de manera indirecta.
"Lo que nosotros vemos es que en el caso la intervención del Ejército no fue para prestar ayuda (a los normalistas), para auxiliar a los desaparecidos.
—No intervino nunca (El Ejército) en ciento y pico de movilizaciones. ¿Por qué tuvo que hacerlo esa noche?
—Porque de oficio intervino, o sea, fueron al hospital, fueron hacer la visita.
—Para averiguar, para saber qué pasaba y cuando el director de seguridad les dice que no hay problema, pues no hay problema.
—Pero en un hecho de esos, toda autoridad y más la autoridad cuando está encargada de la seguridad pública, de oficio tiene la obligación de prevenir razonablemente la pérdida de vidas en un lugar determinado; si ellos (los militares) estaban escuchando disparos a gran escala, durante determinado tiempo, tenían la información a través del C4, y eso lo sabes, tenían la información; su obligación es prevenir razonablemente ese tema que se estaba saliendo de control ahí (en Iguala) y no se hizo; y aparte su participación desde nuestro punto de vista, su participación en el Hospital Cristina (donde se refugiaron y se atendieron a normalistas heridos), sin la intención de apoyar a los estudiantes.
