El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad busca reducir el número de víctimas en 52 por ciento para 2024; el plan es lograrlo de manera gradual, es decir, para 2020 la meta es bajar la cifra 22.28 por ciento y así sucesivamente a lo largo del sexenio.
De acuerdo con el documento dado a conocer el pasado 30 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, en 2017 la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 14 mil 635 personas afectadas por la corrupción.
Esto significa que hace dos años 14.6 por ciento de la población y 5.4 por ciento de los establecimientos experimentaron algún ilícito de este tipo. Con base en dicha encuesta, el gobierno federal planea reducir la cifra hasta llegar a 7 mil 26 denuncias, es decir, 52 por ciento menos.
Es una de las metas del objetivo prioritario número uno de la estrategia “Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción”, a fin de “medir el número de víctimas por corrupción derivada de la arbitrariedad, el abuso de autoridad y la discrecionalidad de los servidores públicos para llevar a cabo y desahogar los trámites de diferente índole que requiere realizar la ciudadanía”.
Por primera vez, se quiere medir el porcentaje de cumplimiento de términos legales en procedimientos de responsabilidades administrativas (sanciones), pues hasta ahora, según el documento, no existe un sondeo. También se busca bajar la percepción de corrupción, que en 2017 ascendió a 86.5 por ciento en la población.
Y ADEMÁS
EN 2018, SOLO 5 MIL SANCIONES
De 14 mil 752 expedientes de responsabilidad administrativa abiertos en 2018 por la SFP, solo 5 mil 136 derivaron en sanciones y tres de cada 10 de estas penalizaciones resultaron en suspensión de la persona. Para 2024 la meta es 80 por ciento de procedimientos cumplidos.
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