Al encabezar la próxima administración pública federal, Andrés Manuel López Obrador estará obligado a desmantelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y emprender la restauración ecológica del polígono de construcción.
Esto lo establece el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), elaborado en 2014 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La condicionante deja en claro un paquete de obligaciones que el promovente del proyecto, es decir, el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, deberá llevar a cabo en caso de abandono del sitio al rebasar su vida útil o en caso de que “el promovente desista de la ejecución del proyecto”.
No obstante, abogados ambientales consultados por MILENIO señalaron que debido a que la administración de Enrique Peña Nieto ya anunció que no cancelará las obras y seguirán hasta el 30 de noviembre, corresponderá a la administración entrante cumplir con dichas obligaciones.
El abogado ambientalista Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que la próxima administración tendrá que desmantelar o demoler lo que ya se ha construido. Y debido a que está obligado a notificar la cancelación del proyecto con tres meses de antelación, oficialmente la cancelación del NAIM sería hasta marzo próximo.
“No son voluntarias, las condicionantes en materia de impacto ambiental son legalmente vinculantes, no es optativo, es una obligación legal, y para poder rehabilitar el sitio tienen otra obligación, que tampoco es opcional, tienen que presentar ante la DGIRA un programa de restauración ecológica”, explicó Alanís.
“¿Y esto cuánto va a costar? A veces, llevar a cabo la remediación cuesta más que las obras mismas. Para devolverle el estado natural en el que se encontraba hay que demoler, quitar, retirar el concreto, toda la varilla, las estructuras, estamos hablando de un buen número de años”, pero también se tiene que someter a estudio ambiental, concluyó Alanís.
Para realizar el proyecto en Santa Lucía, la próxima administración tendrá que realizar los estudios de impacto ambiental, llevar a cabo la consulta pública y reuniones abiertas de información; en caso de existir comunidades indígenas aledañas, tendrán que hacer la consulta conforme al Convenio 169 de la OIT, un proceso que tomará varios meses, incluso años.
“Ese manifiesto tiene que ser objetivo, no puede ser hecho como un traje a la medida, porque entonces sí van a venir litigios y acciones legales y amparos; lo que menos quisiera el nuevo gobierno es que vinieran impugnaciones”, señaló.
De igual forma, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, reconoció que esto puede pasar desapercibido entre las 133 páginas del resolutivo, y aunque principalmente describe las obligaciones si concluye la vida útil del aeropuerto, también deja en claro que “tienen que restaurar el sitio cuando hay una cancelación”.
