La Secretaría de la Función Pública propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las principales leyes que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer el sistema de denuncias por actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
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La propuesta, planteada por la secretaria Arely Gómez en un foro celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, incluye también fortalecer la protección a los denunciantes.
Arely Gómez adelantó que el Comité Coordinador del SNA, del que forma parte, acordó la creación de un Grupo de Trabajo para analizar de manera integral la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el resto de los ordenamientos relacionados con el sistema.
Ante el director del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, Gómez explicó que también buscan fortalecer las atribuciones de las autoridades que intervienen en el proceso de investigación e imposición de sanciones.
En un boletín difundido por la SFP, pues el acto no fue abierto a medios de comunicación, consideró que se debe "ponderar la pertinencia de crear una institución independiente que brinde el servicio de defensoría pública a los servidores públicos, durante el procedimiento administrativo".
La secretaria estuvo acompañada por el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, José Patricio González Loyola Pérez.
Gómez también propuso robustecer el Servicio Profesional de Carrera y la capacitación de los servidores públicos en torno al procedimiento de responsabilidad administrativa.
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"La implementación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha sido una tarea compleja y ardua", reconoció.
Explicó que hoy coexisten el régimen administrativo sancionador anterior y el actual; y este último requiere personal especializado y exige de un andamiaje institucional.
"Es indispensable adelantarnos a los tiempos y aceptar que, como toda norma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es perfectible", reiteró.
