El Gobierno del Estado, a través de un comunicado, dio a conocer que la sanción económica que impondrá la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado será de 90 días de salarios a los servidores públicos, Gonzalo Padilla Orozco y Rogelio Benavides Pintos, quienes en diciembre de 2015 fueron los encargados de la adquisición de cobijas a la empresa Comercializadora Mirof, S. A. de C. V.
Lo anterior después de ver los resultados obtenidos en la auditoría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Ambos funcionarios prestaban sus servicios en la Subsecretaría de Administración que en ese tiempo estaba adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.
El monto de la sanción aproximada sería de 274 mil pesos y 244 mil pesos, respectivamente, de acuerdo con el Artículo 72, fracción V, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León.
Ese artículo de la Ley establece que corresponde al superior jerárquico aplicar las sanciones establecidas por motivo de responsabilidad de funcionarios de la dependencia a su cargo.
El titular de la Tesorería, Carlos Garza Ibarra mencionó que por una interpretación errónea e involuntaria, el 15 de septiembre se dio a conocer que la sanción sería de 100 días de salario mínimo.
"Sin embargo, al avanzar el trámite legal, nuestros abogados precisaron que la cantidad que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos es de 90 días de la percepción diaria de los funcionarios mencionados", expresó Garza Ibarra.
"Cuando se trate del incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público que establece el artículo 50 de esta ley, que no implique lucro o beneficio personal ni daño o perjuicio al erario público estatal o municipal o al patrimonio de sus respectivos organismos del sector paraestatal, se impondrá el apercibimiento o la amonestación o una multa de hasta noventa veces la percepción diaria del empleo, cargo o comisión del servidor público)".
Garza Ibarra también dijo que la precisión en cuanto a los montos se enmarca en las acciones que hace el Gobierno del Estado para castigar con las sanciones máximas que le permita la ley a los funcionarios públicos que cometan irregularidades en el desempeño de su labor.
Además, la Subprocuraduría informó que la empresa Comercializadora Mirof S. A. de C.V. entregó a la Secretaría de Desarrollo Social 60 mil cobertores para resarcir el daño causado al erario.
KSC
