Pese a que la Constitución reconoce la libertad de religión, en México se registran prácticas de discriminación y exclusión social por talmotivo, en donde las personas son obligadas a desplazarse de su comunidad por lo que pierden sus prioridades.
Ante esta situación, el diputado por el partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores Cervantes, presentó una iniciativa para reformar el artículo 149 del Código Penal Federal y evitar la discriminación religiosa.
El diputado federal también pide reformar los artículos 1 y 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en materia de derechos religiosos.
Al presentar la iniciativa, el diputado dijo subrayó la urgencia para adecuar la legislación para así poder tipificar la discriminación religiosa en el país y sancionar a quienes la cometan.
"Ninguna persona debe sufrir agresiones por profesar una creencia religiosa distinta a la que tiene la mayoría de los mexicanos", dijo.
Flores Cervantes dijo que personas que víctimas de discriminación religiosa han acusado quema y destrucción de sus casas y tempos, extorsiones, corte de servicios como agua potable y electricidad, además de secuestros e incluso homicidios.
Agregó que la mayoría de estos actos quedan en la impunidad.
El también presidente nacional del Partido Encuentro Social dijo que en México cerca del 89.3 por ciento de la población practica la religión católica, mientras que el 10.7 por ciento pertenece a otras religiones y un 4.9 por ciento no profesa ninguna creencia religiosa.
Dijo que los estados en donde se registran mayor discriminación por motivos religiosos con Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero.
El diputado dijo que en Chiapas la discriminación religiosa es un problema de años y que éste va en ascenso.
Chiapas, aseguró Flores Cervantes, es la entidad con mayor diversidad religiosa ya que el porcentaje de católicos es de 58 por ciento, 25 por ciento por debajo de la media nacional).
Sin embargo, en las festividades religiosas católicas se piden apoyos económicos o de otra índole entre los habitantes, las personas que pertenecen a otra religión se niegan a entregar recursos para una festividad en la que no van a participar, lo que genera reacciones violentas por parte de los organizadores, participantes y hasta de algunas autoridades que promueven la celebración.
De acuerdo con organizaciones civiles y religiosas del estado de Chiapas, existen por lo menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque.
Entre las hostilidad por discriminación religiosa está el rezago social, la el impedimento a acceder a ciertos servicios como el agua o asistir a la escuela, también les impiden recoger leña, cuidar y sembrar parcelas y el pastoreo de sus animales.
De acuerdo con documentos de la Coordinación de Organizaciones Cristianas, seis de cada diez familias que huyen de sus hogares para evitar agresiones por conflictos religiosos en Chiapas, sobreviven con el apoyo de los integrantes de sus congregaciones, pues no son reconocidas ni reciben ayuda del gobierno estatal.
En total, 40 familias de las comunidades de San Gregorio y Chilil, en el municipio de Huixtán y de Yashtinin y Los Llanos de San Cristóbal de las Casas son atendidas por el gobierno estatal tras haber sido expulsadas de su lugar de origen por intolerancia religiosa.
La iniciativa del diputado por Encuentro Social fue turnada para su dictaminación a las Comisiones de Justicia y de Gobernación.
