La justicia electoral no ha logrado permear en la entidad.
En los últimos años no se ha dado ni una sola sentencia en contra de algún partido político o servidor público por infringir la ley en el Estado de México; los únicos casos con veredictos hasta el momento se refieren a alteraciones del Registro Federal Electoral, con sanciones de 3 años de cárcel.
De acuerdo a los registros de las fiscalías de delitos electorales, el Estado de México es la entidad con más denuncias del país: tan solo en el mes de febrero, de 135 carpetas informativas iniciadas en la Fepade, 83 correspondieron a esta zona, es decir el 61.5 por ciento de casos.
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Sus reportes reflejan un bajo número de casos judicializados, apenas el 11.92 por ciento. El 88 por ciento restante de casos fueron desechados, se declararon incompetentes, no hubo la acción penal o de plano se fueron al archivo.
En entrevistas por separado, los representantes de los partidos políticos resaltaron que lo único que hacen las autoridades es castigar casos relacionados con alteraciones al Registro Federal de Electores, sin que hasta el momento se pongan penas ejemplares a quienes cometen conductas más graves, por desvío de recursos o condicionamiento de programas sociales.
Indicaron que todo marchaba bien en la Fepade, pero a raíz de la salida de Santiago Nieto, se volvieron a detener muchos casos y nada se ha sabido de los funcionarios que se atrevieron a denunciar a la Fiscalía por investigar las áreas que encabezaban, como ocurrió con el ex secretario de Desarrollo Agropecuario.
Pendientes de la elección de gobernador
Del proceso electoral pasado, para la renovación de la gubernatura, se acumularon en la entidad 306 averiguaciones previas y carpetas de información, ubicando a la entidad como una de las de mayor incidencia, junto con Veracruz, Coahuila y Nayarit, donde se concentró una de cada tres faltas en este renglón.
A nivel nacional la Fepade acumuló 2 mil 601 expedientes, de los cuales la mayor cantidad fueron ubicados en territorio mexiquense, donde el resultado fueron 34 consignaciones, 12 judicializaciones y 192 órdenes de aprehensión que a la fecha siguen vigentes, de acuerdo al reporte de la Fiscalía.
De la entidad iniciaron 13 averiguaciones y 293 carpetas, lo cual representó una incidencia de 1.9 delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de las entidades antes mencionadas, donde Veracruz se colocó a la cabeza con una tasa de 4.4, mientras Coahuila y Nayarit con 2 y 3 puntos respectivamente.
En esta entidad también se generaron más dudas, con mil 750 llamadas y mil 185 correos a sus sistemas de denuncia en Fepadetel y Fepadenet, aunque refieren que más allá de denuncias por faltas electorales fueron dudas sobre el tipo de conductas que se pueden llevar a cabo y cuáles no. Las autoridades asumieron que las cifras se relacionaron directamente con el número de mexiquenses, en comparación con las otras entidades con procesos electorales en marcha.
En promedio una de cada dos llamadas fueron de la entidad, con 44.7 por ciento de las de 3 mil 509 recibidas. Lo mismo pasó con los correos electrónicos con 56.5 por ciento de los 2 mil 94 correos.
En el fepademóvil que se puso en funciones en esa ocasión alcanzaron 402 recepciones de las cuales 43 por ciento fueron de mexiquenses y en Twitter y Facebook las menciones estuvieron en la misma sintonía, con 49 por ciento de las menciones donde señalaban probables violaciones legales.
De las faltas que fueron denunciadas en la entidad durante el anterior proceso, 171 fueron por alterar el Registro Federal de Electores, 39 por destinar bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido político, 26 por comprar votos o amenazar con la suspensión de programas y 20 por realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado.
Seis de cada 10 casos del edomex
En enero de este año la Fepade reportó 28 carpetas de las cuales nueve fueron del Estado de México, que junto con la Ciudad de México y Jalisco representan el 60 por ciento de los casos. En ese mes se determinaron 82, pero sólo 11 llegaron a los juzgados. Se liberaron cinco órdenes de aprehensión de las cuales una fue para gente radicada en la entidad y se dio una sentencia de 3 años 3 meses por alterar el RFE.
El fiscal de justicia de la entidad, Alejandro Gómez, informó que solo tienen vigentes 9 denuncias de este proceso electoral que siguen el trámite.
De las 83 carpetas correspondieron al Estado de México, representan 61.5 por ciento, luego está Quinta Roo con 14.91 por ciento y Chihuahua 4.4 por ciento.
En este mes determinaron 151 carpetas de investigación en todo el país, de las cuales se judicializaron 18 y en el resto se abstuvieron de investigar, las mandaron al archivo temporal, fueron incompetentes o determinaron el no ejercicio de la acción penal. De las judicializadas sólo una es del Edomex.
Asimismo, consignaron 80 averiguaciones previas de las cuales cinco corresponden a la entidad con siete personas involucradas. En todos los casos la falta que se castiga es alterar el registro federal de electores, sólo en un caso fue por sustraer boletas. Se libraron seis órdenes de aprehensión en la entidad y se cumplió una.
El acumulado muestra un total de mil 532 expedientes en trámite al terminar el mes de febrero que se suman a las 171 determinadas.
Partidos no ven avances
PAN yPRD consideraron mínimos los avances porque no hay sanciones, o se dan años más tarde. El PRI no atendió la petición de información sobre este tema.
Alfonso Bravo Álvarez Malo, representante del PAN ante elIEEM señaló que con Santiago Nieto la fiscalía mostraba avances, pero con su salida se detuvo prácticamente todo y a nivel estatal tampoco observan avances, aunado a que en este nivel hay pocas atribuciones. Lo cual se traduce en general en poca confianza en la justicia porque no hay resultados tangibles, sanciones ejemplares ni si quiera información actualizada de ambas instancias.
Javier Rivera Escalona, representante del PRD, dijo que han estado gestionando ante la fiscalía estatal que se actualice la información de todas las instancias que van a estar involucradas en la elección local y se desglose el tipo de competencia de cada delito, si es federal o estatal.
Prácticas que se dicen comunes en el marco de las elecciones como el robo o embarazo de urnas, retención de credenciales y amenazar con suspender la entrega programas sociales, son algunos de los delitos electorales que pueden ser cometidos por ciudadanos, candidatos, militantes y servidores públicos, quienes serán castigado en caso de ser hallado culpables con sanciones que van desde multas económicas y penas de hasta nueve años de prisión de acuerdo a la falta y el acreedor, siendo los servidores públicos quienes accedan a punitivas más severas.
En el Estado de México estamos regidos por La ley general en materia de delitos electorales, legislación que opera a nivel nacional que se encarga de la persecución, investigación y sanción de aquellos delitos de corte electoral, los cuales serán perseguidos de oficio por parte de las agencias del ministerio público estatal
Las penas aumentan para los servidores públicos, ya que además de sanciones económicas serán acreedores a la inhabilitación del cargo de dos a seis años, castigo basado en la gravedad del delito. Incluso pueden ser destituidos de su puesto en caso de que la falta lo amerite.
Los delitos electorales pueden ser cometidos antes de las campañas, durante éstas, o en la jornada electoral y después de la misma; por lo que la retención de materiales electorales, distribución de propaganda en tiempos fuera de la ley y el pedir conocer la intención del voto pueden ser denunciados por cualquier persona o en su caso perseguiste por las autoridades en caso de ser sorprendidos.
Penas a ciudadanos
Aquellas personas que voten sin cumplir con los requisitos de ley o lo haga más de una vez en la misma elección, tendrán sanciones que van de cincuenta a cien días de multa, aunado a un periodo en reclusión de seis meses hasta tres años.
El mismo castigo aplica para quienes hagan proselitismo o intenten influir en la decisión del electorado al interior de las casillas el día de la jornada electoral; obstaculice o interfiera alguno de los procesos (votación, escrutinio, cómputo o el desempeño de los funcionarios de casillas).
De tres meses y a seis años de cárcel alcanzarán quienes roben urnas o boletas electorales; introduzcan papeletas faltas o solicite al elector firmar una declaración en la que indique el sentido de su voto; o retengan injustificadamente credenciales el día de la votación.
Una práctica que se dice común es el prometer algún beneficio a cambio del voto (pago, promesa, prestación) es motivo de multa económico y prisión. En caso de tratarse de un elemento adscrito a alguna corporación de seguridad pública, la pena aumentará un tercio.
También serán objetos de sanciones quienes amenacen con suspender la entrega de programas sociales por no votar por un candidato; no acudir a actos proselitistas; suplante identidad; y venda o destruya materiales electorales.
Penas para funcionarios
Los servidores públicos tienen penas que van de 50 a los 200 días de multa y prisión de dos a seis años a funcionarios electorales que caigan en prácticas como son obstruir el desarrollo habitual de la elección y la alteración de los resultados electorales. El entregar tarde la documentación, abrir una casilla fuera de tiempo o expulsar a observadores de casilla, todos sin argumento válido también es motivo de sanción
Las mismas penas aplican para funcionarios de partido en caso de distribuir propaganda electoral el día de la elección, no rinda cuentas sobre el estado de gastos u oculte información requerida por las autoridades correspondientes.
Los servidores públicos podrían hacerse acreedores de nueve años de prisión en caso de condicionar la entrega de licitaciones, permisos, licencias o programas gubernamentales a cambio de votos. Además tienen prohibido coaccionar a subordinados a participar en actos proselitistas en favor de un candidato o partido.
MMCF
