La garantía para que personas que violentan a las mujeres no tuvieran la posibilidad de ocupar un cargo público, quedó “muy bien en el discurso” pero en los hechos no sucedió, pues la decisión del Instituto Nacional Electoral de sólo hacer una revisión aleatoria y ante las decisiones del Tribunal Electoral, no existe certeza alguna de que los "violentadores" no sigan ejerciendo estas conductas desde el poder.
Así lo exhibió la consejera Carla Humphrey en entrevista con MILENIO, al lamentar que la idea de aplicar todas las medidas posibles para que personas que violentan a mujeres no ocupen cargos públicos, sólo se quedó en el discurso y en realidad no se les cerró la puerta como se prometió.
Esta advertencia quedó acreditada tras el triunfo de Ana Elizabeth Ayala Leyva, tesorera de Ahome y quien cuenta con una sentencia firme por violencia política de género en contra de una síndica de ese ayuntamiento así como denuncias por reincidencia, por lo que el INE retiró su candidatura y dio vista a las autoridades por falsedad de declaraciones, pero el Tribunal Electoral ordenó devolverle la candidatura porque la sentencia no dice textualmente que perdió el modo honesto de vivir.
De acuerdo a los resultados preliminares de la jornada electoral del domingo, esta candidata de la coalición Morena-PT-PVEM obtuvo el 51.78 por ciento de los votos para ser diputada federal por el distrito 02 de Sinaloa y ocupará una curul en la Cámara de Diputados a pesar de haber violentado a una mujer de manera reiterada.
Tras su triunfo, da la oportunidad a que Manuel Guillermo Chapman Moreno quien fue candidato plurinominal por Morena, también pueda ser diputado federal.
Chapman es presidente municipal de Ahome y pidió licencia durante campaña, por lo que este martes 8 de junio regresó a sus funciones mientras se confirma su lugar en la Cámara de Diputados en septiembre a pesar de compartir una sentencia por violencia política de género con su tesorera Ayala Leyva.
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La consejera Carla Humphrey reiteró que por estos hechos es que no comparte en lo más mínimo la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les ordenó devolverle a estos dos personajes la candidatura a pesar de violentar mujeres, pues consideró que repetirán sus conductas desde una posición de poder, mientras las mujeres tienen menos avances para acceder a la justicia.
“Creo que estos procesos tienen que ser sumarios, rápidos, resolverse con toda oportunidad y si ahora tenemos que esperar a que una autoridad jurisdiccional determine si se cumple o no con el modo honesto de vida, creo que estamos mandando un mal mensaje a la ciudadanía porque estamos estableciendo distintas medidas que en el fondo no se cumplen y entonces estamos en lo mismo, siempre queda en un discurso muy bien de defender la paridad, a las mujeres, combatir la violencia política o decir que se va a combatir y en los hechos toman este tipo de determinaciones”, dijo.
Recordó que otra decisión en la que no estuvo de acuerdo y junto con dos consejeras votó en contra, fue la revisión aleatoria de las actas de buena fe que emitieron las y los candidatos en los que aseguraron no tener antecedentes de violencia contra las mujeres, pues eso impide garantizar que nadie más mintió como estos dos casos.
“Como es muestral, yo no podría asegurar que una persona que ha violentado mujeres no va a ocupar un cargo público en esta elección. Me parece que la muestra fue chica y no nos da certeza de que una persona violentadora no vaya a ocupar algún cargo público”, dijo.
Humphrey adelantó que desde su postura como presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación buscará fortalecer la 3 de 3 contra la violencia y que se frenen las candidaturas no sólo de quienes tienen una sentencia condenatoria, sino de los que cuentan con denuncias e investigaciones, pues quedó demostrado en este proceso que la presunción de inocencia no puede ser absoluta.
Como fue el caso de Félix Salgado Macedonio, quien a pesar de las múltiples denuncias en su contra por violación y agresiones en contra de las mujeres, pudo ocupar una candidatura para gobernador que terminó perdiendo por omisiones de fiscalización y no por sus conductas de violencia.
“Hay que repensar la 3 de 3 en el sentido de sentencia condenatoria que en este país, con los índices de impunidad que hay, este tema de sentencias complica comprobar que una persona está violentando a las mujeres y por tanto dejaría de cumplir este requisito; y también porque la presunción de inocencia no es absoluta y menos cuando están en juego la integridad y la vida de las mujeres y no sólo lo digo yo, nos lo ha dicho la corte interamericana de derechos humanos”, dijo.
La consejera consideró que el TEPJF deberá definir qué pasará con las sentencias en las que se acredite violencia política de género pero no se analice el modo honesto de vivir, pues en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género únicamente el 13 por ciento de los casos tienen esta explicación ya que los tribunales no lo analizan y eso van alargando las instancias a las que las mujeres tienen que acudir cuando son violentadas políticamente.
“Si ven que tienen que seguir siete procesos distintos para que finalmente una persona no consiga ser registrada y desde un cargo público siga violentando mujeres eso claramente no fomenta la cultura de la denuncia y tampoco a las mujeres se cumple con el propósito de prevenir, sancionar, erradicar y registra la violencia política en razón de género. Nadie nos ha regalado nada y hay que acudir a diversas instancias, sentencias, acuerdos, etcétera para garantizar los derechos humanos de las mujeres”, dijo.
FS
