El abogado, Gabriel Guajardo, quien asesora al senador de Morena, José Narro Céspedes, en la creación de la iniciativa para crear una Ley Agraria Federal, declaró que contemplan en el proyecto, además de otras cosas, que los funcionarios de instituciones como el Registro Agrario Nacional (RAN), la delegación de la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, acudan a las zonas rurales, en vez de permanecer en sus oficinas a la espera de que la gente del campo los busque.
Guajardo Muñoz comentó que en ocasiones los ciudadanos de las zonas rurales no cuentan con recursos para poner una denuncia.
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“Y no realizan visitas en los estados del sur o del norte, entonces se está estableciendo que pongan como mandato la itinerancia de los funcionarios; que acudan a cada rincón del estado para que palpen de manera directa cuáles son las carencias y las necesidades de los campesinos en los estados.
“Otra de las aportaciones es que revisen el perfil de los funcionarios. Existen dentro del Tribunal Agrario funcionarios que tienen una gran experiencia, un gran conocimiento, son eruditos en derecho agrario, pero de nada sirve si no se tiene el valor civil o los arrestos para hacer cumplir la ley”, declaró.
Comentó que la propuesta se hizo por escrito ante el Congreso de la Unión, y además, mediante participación en mesas de trabajo.
Dijo que Nuevo León es uno de los pocos estados que cuentan con una Ley de Copropiedades Rurales, que considera, debe de ser absorbida por esta nueva Ley Federal Agraria que plantean.
El sábado, al reconocer que el campo mexicano se encuentra en el abandono y en la pobreza, el senador de Morena, José Narro Céspedes, anunció que presentará una iniciativa para crear una Ley Agraria Federal.
El presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado, plantea en su proyecto legislativo, la creación de la Ley de Organizaciones Económicas del Campo y un Código de Procedimientos Agrarios que actualmente no existe, y ello genera que de manera supletoria se recurra al Código de Procedimientos Civiles, que es un código privado.
