De acuerdo a la última métrica de transparencia que hizo el Centro de Investigación y Docencia Económica 2014, Durango en mantiene en el ranking nacional en el noveno lugar en el manejo de su transparencia, que incluye a varios sujetos obligados como el poder ejecutivo y legislativo.
En tanto, de acuerdo a los índices de asociaciones civiles "Artículo 19" y "México Infórmate", colocan al organismos garantes como el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en segundo lugar nacional en cuanto a su desempeño, lo cual es satisfactorio, según confirmó el comisionado presidente de este organismo, Héctor Carriedo Saenz.
Cuestionado sobre lo que hay que hacer en esta nueva etapa del gobierno del Estado, el funcionario manifestó que se requiere de mucha capacitación y acercamiento a las nuevas autoridades de los ayuntamientos, del poder ejecutivo, judicial, legislativo, partidos políticos e incluso sindicatos y fideicomisos.
"Todo lo que es gobierno y servidores públicos, tenemos que ser completamente transparentes y mostrar los niveles de apertura que están demandando las nuevas leyes que nos rigen en esta materia", dijo el funcionario.[OBJECT]
Agregó que en el caso de "A Regional", otro organismo, sacó recientemente un informe sobre transparencia fiscal y en temas financieros, en los que aparecen en una media tabla el manejo de las finanzas de los ayuntamientos o municipios.
Expuso que en el caso del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública como organismo de autónomo, los comisionados como es su caso tienen un mandato de siete años, a fin de buscar la estabilidad en el puesto, más allá de los cambios de orden político, a fin de darles además independencia y autonomía para impulsar la transparencia como un proceso de prevención en el tema del sistema anticorrupción.
Esto se refiere, a que habiendo apertura en la información y transparencia en los actos públicos, así como acceso a la información para la sociedad, se puede inhibir a la corrupción y en esa medida recuperar confianza.
A diferencia de los procesos de investigación y sanción que ya corresponden a organismos fiscalizadores, como la Secretaría de la Contraloría y las propias Procuradurías de Justicia.
JFR
