La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Transparencia, que entre otros aspectos prevé el acceso a la información pública en poder de cualquier autoridad, entidad, instancia u organismo de los Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos, fideicomisos, fondos, sindicatos y partidos políticos.
Con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el pleno cameral aprobó la minuta remitida por el Senado de la República y que obliga también a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos a sujetarse al escrutinio ciudadano.
Diputados federales principalmente del PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y PT hicieron 58 reservas al proyecto para su discusión en lo particular.
Los legisladores federales y locales fueron también incluidos como sujetos obligados a las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, aunque los senadores introdujeron un artículo transitorio que daría al Congreso de la Unión cinco meses de plazo para cumplir sus obligaciones en la materia.
El dictamen de La Ley General de Transparencia considera también la obligación de las autoridades de presentar la "prueba de daño" como condicionante para reservar cualquier información pública solicitada por los ciudadanos.
