Luego de que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (CTAINL) reiterara su intención por duplicar su presupuesto, legisladores del PRI, PAN y MC difirieron en sus versiones sobre la solicitud.
Mientras que Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) negaron de inicio un aumento en el presupuesto, el PRI consideró que con la nueva Ley de Transparencia se incrementa la carga de trabajo para el Órgano Garante y serían necesarios más ingresos.
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La presidenta de la Comisión de presupuesto e integrante del PAN, Myrna Grimaldo, expuso que aún no existe una propuesta formal por parte de la CTAINL, pero ve muy poco probable aumentar de 35 millones de pesos a 69 millones para el siguiente año.
“Yo lo veo bastante distante de lo que pudiera ser la realidad, (…) Este presupuesto va a ser muy conservador, va a ser muy austero, incluso vienen partidas a la baja entonces como para estar pensando en incluso duplicar el presupuesto de Transparencia yo sinceramente, hablando en forma particular, no lo veo factible”, dijo.
El coordinador de la bancada de MC, Samuel García, mencionó que la situación del país y del estado no proyecta un panorama financiero favorable y pidió a la Comisión hacer más eficientes sus labores ahorrando lo más que puedan.
Por el contrario, el legislador del PRI, Héctor García, expuso que la carga de trabajo para la CTAINL aumentará debido a los cambios en la ley que ahora amplía el espectro de sujetos obligados.
“Tendrán una carga muy fuerte de trabajo desde el momento en que los entes obligados ahora se incluye a todos los sindicatos, a todas las universidades, en fin, a los partidos políticos, etcétera.
“Yo creo que la Comisión de Transparencia si debe de presentar un planteamiento de aumento. Ojalá que pueda haber un incremento a ellos sobre todo, insisto, si queremos nosotros que haya resultados”, mencionó.
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Por otra parte, sobre la petición de que el Congreso local modifique las facultades de la CTAINL para que sea posible el cobro de las multas que realiza, las tres bancadas se negaron a la propuesta argumentando que se podría prestar a terrorismo fiscal.
“El dejarle a la autoridad ser juez y parte y cobrar sus propias multas es el motivo más perverso para ir de cacería, ya la autoridad hace un año en su momento lo hicieron le daban bonos a los servidores públicos en proporción a las multas y se hizo un terrorismo fiscal terrible”, expuso Samuel García
