Demandan que ante las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se creen comisiones de Asuntos Fronterizos en los municipios para dar seguimiento y estar preparados ante las repercusiones que vienen.
Ante el Congreso del Estado, se promovió una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una fracción al artículo 64 del Código Municipal de Tamaulipas y establecer este nuevo grupo de trabajo en los cabildos.
“Solicito la creación de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios con el fin de especializar el tratamiento del tema y hacer una vinculación institucional con organismos internacionales, federales y estatales”, apuntó el diputado local, Juan Carlos Zertuche.
Mencionó que Tamaulipas no es solo un lugar de tránsito para las personas migrantes, sino que ya es un destino, y ahora más que nunca muchas familias se quedarán a vivir en la entidad.
“El tema de la migración aumenta su complejidad y el marco que lo regula se integra por instrumentos internacionales, legislación federal y local”, señaló el diputado de Movimiento Ciudadano.
Dijo que hay facultades exclusivas de la Federación, pero así como en el Congreso Local se cuenta con una comisión ordinaria sobre el tema, desde el Ayuntamiento debe hacerse lo propio.
Destaca que desde el ámbito municipal se puede contribuir a adecuar ciertas normas y proponer soluciones que respeten los derechos humanos de las personas y a su vez dejen un beneficio para el Estado.

“Bajo estos derechos y principios, la creación de una Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios tiene una gran responsabilidad que cumplir con nuestra normativa constitucional, pues se sumaría a la planeación e implementación de políticas públicas sobre el tema”.
Aseguró que con ello, los ayuntamientos, sobre todo los ubicados en la franja fronteriza, contribuirían a atender los problemas que los atañen, sin estar atenidos solo a lo que hacen la Federación y estado.
“La composición de los flujos migratorios involucra el interés superior de la niñez, la libertad de tránsito, la prohibición de discriminación, la seguridad jurídica y debido proceso, el derecho a solicitar asilo y el reconocimiento de la condición de refugiado, el derecho a la protección de la unidad familiar, la dignidad humana, entre otros”.
Agregó que no es un tema que requiera un tratamiento expedito, sino un análisis serio y la participación de varios actores institucionales, por lo que estima indispensable una vinculación con organismos internacionales, federales y estatales; la propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.
SJHN