Organizaciones de la sociedad civil entregaron en la Corte Penal Internacional un informe sobre los crímenes cometidos en Coahuila del 2009 al 2016 e indicaron que las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad "con el cartel de los Zetas en un contexto de innegable colusión".
El informe de 72 páginas fue elaborado por la Federación Internacional para los Derechos Humanos y señala que en Coahuila desaparecieron oficialmente mil 830 personas; tras una década de guerra provocada por el narcotráfico, el número de víctimas no para de crecer, apunta el documento.
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El gobierno reconoce más de 200 mil muertos y 32 mil desaparecidos en ese periodo. Por lo tanto, la FIDH acusa al gobierno estatal de tener "una gran parte de responsabilidad en los crímenes cometidos" y denuncia una "colaboración de las autoridades con el grupo criminal Los Zetas, que controla el estado de Coahuila, donde ataca de forma sistemática a la población civil".
Se han encontrado cadáveres colgados de los puentes, decapitados, calcinados o enterrados en fosas comunes, imágenes que ahora son familiares para los mexicanos.
El informe presentado a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada; en particular, en los expedientes de 73 víctimas.
Incluye también dos episodios particularmente violentos que podrían constituir por sí mismos crímenes de lesa humanidad; uno de ellos, la masacre de entre 60 y 300 aldeanos en Allende por parte de los Zetas en marzo de 2011.
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La evidencia sugiere que no sólo la autoridad del municipio, sino "también el gobernador de la época estaba al tanto de lo que se preparaba, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad".
Al respecto, detallan que la gestión de la prisión de Piedras Negras, el CERESO, que estaba bajo la responsabilidad del gobierno de Coahuila, "se convirtió en un centro de operaciones de los Zetas de 2008 a 2012".
"Los prisioneros podían salir a su antojo y traficar diversos elementos, transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades", acusa el informe.
Una vez que el examen preliminar sea abierto, quedará en manos de la CPI determinar si tiene jurisdicción sobre el caso y, de tenerla, resolver si las autoridades mexicanas emprendieron o emprenderán acciones legales para juzgar a los autores y cómplices de crímenes contra la humanidad, entre los que figuran altos funcionarios y figuras públicas.
SBG
