La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará este miércoles si concede al gobierno de Chihuahua la calidad de víctima ante el desfalco de 246 millones de pesos de que fue objeto en 2016, cuyos recursos fueron a parar a campañas del PRI.
La Operación Safiro (Saneamiento Financiero) tendrá un clímax en los esfuerzos realizados durante los últimos cinco años y puede desenmarañar una red de corrupción política que alcanza a altos ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, como el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo mismo que el encargado de despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán.
En entrevista con MILENIO, el fiscal de Chihuahua, César Peniche, confió en que la resolución de la Corte abra la posibilidad de que el estado recupere la causa penal que le quitó en 2018 un Tribunal Colegiado de Circuito, al otorgar la calidad de víctima a la Federación y por el cual la propia PGR se desistió para no proceder penalmente contra Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.
Reveló que “la anterior administración pública federal quitó investigaciones que tenían claramente como intención favorecer a este personaje, que después de permanecer nueve meses en prisión obtuvo el apoyo de la PGR para atraer el caso.
“Y una vez estando en sus manos, sorprendentemente y contrario a toda la evidencia, decidió decretar el desistimiento de la acción penal, es decir, dejaron bailando 240 millones de pesos”.
Con esta determinación, el ex secretario general adjunto del PRI puede regresar a prisión, derivado de una sentencia de seis años y por el cual se encuentra amparado.
Peniche explicó que la resolución de la Corte puede permitir al estado retomar el expediente y aunque regresaría a un juez federal, hay un entorno político favorable a las investigaciones, porque “desde luego lo hará con una Fiscalía General de la República que, desde nuestro punto de vista, garantiza que el asunto se lleve ahora sí conforme a derecho”.
Manifestó que la Operación Safiro puede tener nexos con otras investigaciones, como el caso Odebrecht, toda vez que involucra a Luis Videgaray. Bajo su mando estuvo la responsabilidad de los actos de Issac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, quien fue asesinado en mayo de 2020.
Además, reveló que existe un intercambio de información con las instancias federales que pueden ampliar las investigaciones sobre la red de corrupción política.
“El actual poder Ejecutivo federal muestra una disposición a resolver o darle trámite a los asuntos de corrupción, cosa distinta de lo que ocurrió en la anterior administración federal”, subrayó.
En marzo de 2016, el entonces secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, solicitó al gobierno de César Duarte que entregara 250 millones de pesos que previamente fueron enviados desde la Secretaría de Hacienda y autorizados por la Unidad de Políticas de Control, que encabezaba Issac Gamboa.
De ese dinero, solicitó enviar cerca de 2 millones de pesos a Colima, donde se desarrollaba una elección extraordinaria. El gobierno que recibió los recursos, determinó que para evitar ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, regresaría los recursos vía dinero de las arcas del estado y justificado a través de recursos pagados por la Secretaría de Educación.
FS
