Pese a que fue accionista cuando se celebró el primer contrato de arrendamiento de Bosque Mágico, el subprocurador Anticorrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ernesto Canales, descartó tener conflicto de intereses con el Gobierno Estatal.
“Desde el 2002, hace ya 14 años, vendí mi participación minoritaria en la empresa Centro de Diversiones, S.A. de C.V. concesionaria de Bosque Mágico”, señala en un comunicado.
Indica que la compradora fue una empresa del grupo Multimedios, y resalta que desde esa fecha dejó de ser miembro del Consejo de Administración de esa empresa.
“Desde entonces no he intervenido directa, ni indirectamente, en la administración de la empresa”.
Añadió que tampoco ha mantenido interés o beneficio económico de cualquier especie en sus resultados u operaciones.
“Por tanto, no tengo conflicto de interés, me encuentro capacitado para ejercer mis funciones de Fiscal Especial Anticorrupción para investigar y, en su caso, llevar a juicio penal a Bosque Mágico y personas relacionadas con motivo de concesiones obtenidas del Gobierno”, manifiesta en el comunicado.
