Las prisiones estatales se encuentran bajo el gobierno de grupos delictivos y existe una ausencia del estado; además, en las cárceles federales se registra una presencia que puede ser calificada como abusiva de las autoridades, mientras que los crímenes siguen impunes, explicó Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).
Durante el “Seminario de la Cátedra Ignacio Ellacuría 2020: Vivir entre cuatro paredes: contextos de encierro y derechos humanos”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, la investigadora resaltó que México es el segundo país de América Latina, y séptimo a nivel mundial, con el mayor número de personas en prisión, con una cifra de 210 mil; sin embargo, la densidad es menor que el resto de las potencias con población penitenciario.
Los sistemas de justicia operan bajo la ficción de que todas las personas que cometen delitos son castigadas, cuando la gran mayoría de quienes están en prisión preventiva son pobres, resaltó la especialista.
“Nos hablan de crimen organizado, pero los crímenes más horribles permanecen impunes. Los homicidios crecen porque no existe la capacidad ni la voluntad de perseguir estos y otros delitos igual de graves”, destacó Azaola Garrido.
México cuenta con 298 centros penitenciarios, de los cuales 17 son federales y el resto son estatales; sin embargo, no existe un sistema penitenciario, sino que cada entidad federativa establece sus normas.
Dentro de la población carcelaria, el 95 por ciento son hombres y el resto, mujeres. Sin embargo, el 60 por ciento de ellas se encuentran en penales mixtos, lo cual las coloca en condiciones de vulnerabilidad, apuntó la investigadora.
“Las prisiones estatales se encuentran bajo el gobierno de grupos delictivos, por lo que existe una ausencia plausible del Estado en las mismas. En cambio, en las cárceles federales hay una presencia abusiva de las autoridades. El régimen de las cárceles federales produce un efecto deshumanizante y destructivo de las personas que causa múltiples síntomas. En el fondo, produce la muerte social”, destacó.
De 2014 a 2019, México había logrado reducir su población penitenciaria hasta en un 20 por ciento; sin embargo, ha habido un repunte en el contexto pandémico, destacó la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Al mismo tiempo, Elena Azaola Garrido reprobó la opacidad y subregistro en las instituciones penitenciarias en torno a contagios y muertes por coronavirus; y pese a ello, se sabe que se presentaron alrededor de tres mil casos positivos y 300 decesos por esta causa en el país.
Por último, señaló que en las prisiones de América Latina se presenta una serie de ilegalidades persistentes cometidas en nombre de la ley por operadores legítimos: agentes crean y mantienen estados de excepción.
mpl
TAGS RELACIONADOS:
