Paloma Celeste, ex empleada de la Diócesis de Irapuato, fue acusada por un supuesto desfalco de más de 18 millones de pesos, que fueron sustraídos de las arcas de la institución religiosa entre 2012 y 2016.
Paloma, quien se encargó de llevar la contabilidad del Obispado por 15 años, fue acusada por Gerardo Velázquez Solís, en su calidad de apoderado legal de la Diócesis, ante la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, cuyo caso quedó integrado en la carpeta 65824/2016.
Sin embargo, la acusada ofreció una atención a medios en la que expuso que el presunto desfalco fue por los malos manejos administrativos de Velázquez Solís y del sacerdote Rubén Herrera Luna.
Relató que ambos presbíteros solían evadir impuestos de recursos que recaudaban para la edificación de un seminario, y de los cuales solían tomar montos considerables, sin ningún control o registro.
"El señor obispo José de Jesús Martínez Zepeda, junto al padre Ozziel de Jesús Andrade Marmolejo, el padre Rubén Herrera y monseñor Gerardo Velázquez que en ese entonces era vicario de la Diócesis decidieron que no iba a entrar ese dinero a la cuenta fiscal para ahorrarse el IVA.
"Eran 9 millones que entraron a una caja fuerte, constantemente se sacaba dinero, pero el que tenía la llave era Rubén Herrera, ecónomo del seminario; en noviembre abrieron la caja y estimaban que había como 4 o 5 millones de pesos, cuando había 900 mil pesos, había un faltante de más de dos millones de pesos", relató.
Los sacerdotes basaron la acusación, dijo, con más de 40 cheques que sólo Velázquez Solís podía signar, con montos que iban desde los 30 hasta 250 mil pesos y que le eran solicitados varias veces al mes.
Al respecto, la Diócesis de Irapuato señaló que el obispo no ofrecería postura sobre el caso hasta el próximo domingo en su tradicional conferencia de prensa que brinda antes de la misa de mediodía en catedral.
Por su parte, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, lamentó que dentro de la Diócesis se haya dado el presunto desfalco y agregó que en caso de que se determine la culpabilidad a alguna de las partes, se debe actuar y asumir las responsabilidades.
"También llamo a que se investigue la verdad, se investigue la justicia y se actué como se tenga que actuar, pero con justicia y con verdad", reiteró.
Señaló que las cantidades millonarias expresadas por la acusada no son habituales para el manejo administrativo de las sedes católicas y afirmó que ese recurso era para destinarse en apoyo al seminario.
"Muchas veces las capillas y los templos se construyen vendiendo pasteles, haciendo rifas, haciendo kermeses, y eso no es lo ordinario, esos (millones) pueden ser montos para la construcción del seminario que es un complejo muy grande", defendió.
Cortés Contreras expresó que todos los que desempeñan alguna labor dentro de la Iglesia Católica se rigen por las Leyes Universales del Derecho Canónico para la Administración, las Leyes Diocesanas y por la legislaciones vigentes en la materia.
"Tenemos que dar razón de eso a Hacienda, estos hechos lamentables si son verdaderos, son los descuidos y la falta de honestidad y de transparencia de quienes lo administraban (el recurso)", finalizó.
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