Luego de casi seis años de iniciado el conflicto legal, el Congreso del Estado aprobó el juicio político en contra del magistrado Armando García Estrada, por realizar malos manejos de la función pública al ordenar la suspensión que tenía clausurada la construcción del edificio ubicado en el cruce de la calle Otranto y Alberta, en la colonia Providencia, el cual incumplía con los planes parciales de Guadalajara y además afectó el patrimonio de Salvador y su familia.
“Yo confío que hay evidencia suficiente y además hay un historial público que hace que este caso sea relevante para que pueda tener éxito. Desde luego el magistrado tendrá que defender sus derechos, está en toda la posibilidad de hacerlo. Los empresarios tendrán que defender sus derechos, pero nosotros consideramos que tenemos evidencia suficiente”, resaltó Christian Gudiño, asesor legal de la familia Salvador Martín.
La edificación de la torre de siete pisos y 21 departamentos que se encuentra a un costado provocó grietas, hundimientos y humedad en la casa de Salvador; en 2016 inició una lucha legal para conseguir que la empresa "Sacnes Constructores" se hiciera responsable de los daños causados a la vivienda, pero hasta el momento no han recibido ninguna indemnización.
Actualmente se lleva a cabo un juicio civil por la reparación del daño, en el juzgado sexto de lo civil. El perito que fue nombrado por el juzgado y que además es parte del Consejo de la Judicatura, atribuyó los daños de la casa a la humedad.
“La humedad hizo que esta casa se hundiera, según él, pero nuestro perito con la evidencia que pudimos aportar y con todos los dictámenes que realizó pues dio con una conclusión indudable, los daños de la casa se deben que los señores hicieron tres sótanos a lado de ella y no apuntalaron los suelos y eso provocó que la casa se destruyera”, dijo el asesor legal.
El abogado de la familia informó que también solicitaron al Congreso del Estado que la familia Gandulf, dueños de Sacnes Constructores comparezcan ante el Congreso y rindan su testimonio sobre los hechos.
“Nosotros consideramos que además de las actuaciones que se deben de revisar hechas por el magistrado, pues ellos no actúan solos, alguien les pide que hagan las cosas y estos empresarios son los que promovieron los juicios, en consecuencia, nosotros queremos que el Congreso los interrogue, comparezcan y que se esclarezcan los hechos”, manifestó.
Piden al Congreso que en caso de advertir un delito se canalice a la Fiscalía del Estado.
También se presentó denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ya que el director de obras públicas de Guadalajara renovó la licencia del edificio cuando esta se venció y otorgaron el permiso de habitabilidad.
Este medio buscó vía telefónica al magistrado Armando García Estrada, para conocer su versión de los hechos, pero tras varios intentos nunca contestó.
JMH
