Ecologistas del Estado de México, que defienden las poco más de 5 mil hectáreas que quedan de la Sierra de Guadalupe, se congratularon porque el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo, para demandar se detenga el ecocidio que se registra en el lugar.
Daniel Granados, presidente del Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe AC, recordó que el viernes 25 de junio, el gobierno de Tultitlán suspendió las obras en un predio del ejido de San Mateo Cuautepec en Tultitlán, donde se derribaron aproximadamente mil árboles.
Además el Ayuntamiento de Tultitlán, informó que se giró un oficio al procurador de Protección al Medio Ambiente estatal (Propaem) para informar de la clausura y actuar de manera coordinada.
El ambientalista, comentó que el predio sigue clausurado, pero no se ha conocido que personal de la Propaem haya acudido al sitio.
Explicó que diputados de la Ciudad de México exhortaron a las autoridades de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental de dicha entidad, así como al gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, para que realicen las acciones necesarias para detener, evitar y sancionar la tala de árboles ilegal en la Sierra de Guadalupe
A través de la oficina de difusión del Congreso capitalino, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, Nazario Norberto Sánchez, recalcó que la Sierra de Guadalupe es importante para la capital mexicana y zona conurbada, porque, además del mantenimiento de su ciclo hidrológico, constituye la única zona natural al norte de la ciudad y resguarda un número importante de recursos, entre los que se encuentran 319 especies de plantas y 135 de fauna silvestre.
El legislador dijo que en 2003 se expidió el acuerdo por el que se aprobó el Programa de Manejo del área Natural Protegida con la categoría de Zona Sujeta a conservación ecológica denominada “Sierra de Guadalupe”, pero ya desde esa fecha se registraba daño ecológico.
En ese sentido, 17 años después, refleja grandes daños en materia de medio ambiente, principalmente vinculados a “ecocidios” es decir, tala de árboles ilegal en esta área natural protegida.
Indicó que el 24 de junio pasado, en las redes sociales exhibieron el ilícito, y fue hasta ese momento que la administración mexiquense intervino. Los vecinos consideraban imposible que una obra de esa magnitud pasara desapercibida y se generaron versiones de una posible colusión del director de Ecología de Tultitlán y los empresarios que construían una bodega en la zona.
Nazario Norberto expuso que no es suficiente suspender la obra y dar parte a las autoridades de manera tardía, “el daño se debe reparar y pedimos que la administración de Tultitlán asuma su responsabilidad. La Sierra de Guadalupe debe reforestarse exitosamente”.
MMCF
